El Gobierno de Estados Unidos anunció que Colombia quedó fuera del grupo de países que cumplieron en la lucha contra el narcotráfico durante el último año, lo que generó un nuevo capítulo de tensión bilateral.
Aun así, la asistencia se mantendrá y se estableció un periodo para mostrar avances concretos.
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El Departamento de Estado presentó un informe en el que evaluó a 23 países considerados de tránsito o productores de drogas ilícitas. En ese documento se incluyó a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela, señalados “por haber incumplido manifiestamente (…) sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos”, según citó la agencia EFE.
De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Colombia es el principal productor mundial de cocaína, con 253.000 hectáreas de coca de las 376.000 contabilizadas globalmente, lo que representa cerca de dos tercios del total.
La llamada “descertificación” no se aplicaba al país desde 1997, cuando la administración de Ernesto Samper fue señalada tras los cuestionamientos por la entrada de dineros ilícitos en la campaña presidencial.
En esta ocasión, Washington determinó que, salvo Afganistán, la ayuda seguirá fluyendo hacia los otros países cuestionados, al considerar que resulta estratégica para sus intereses. La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) explicó que este escenario “evita la aplicación inmediata de restricciones de asistencia y abre un compás de espera condicionado de hasta 12 meses para mostrar resultados verificables”. En un comunicado, esa entidad precisó que “en la práctica, la decisión preserva la cooperación bilateral, pero eleva la exigencia sobre metas y verificación”.
El expresidente Ernesto Samper, en declaraciones recogidas por EFE, recordó la experiencia vivida en su gobierno: “Considero que esta descertificación es mucho más benigna, en la medida en que simplemente amenaza con retirar una ayuda militar, un respaldo económico; en el caso de la descertificación durante mi gobierno se anunciaron medidas efectivas”. Para él, lo sucedido hoy “es más preocupante (...) porque se trata, como en mi gobierno, simplemente de producir un daño reputacional al país”.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema en la red social X. Aseguró que la certificación “es un instrumento de dominación y poder” y reiteró que “el mundo necesita cambiar su política antidrogas porque ha fracasado. Lo único que ha cambiado es que vamos en el mundo de peor en peor, los EE. UU. detuvieron el crecimiento del consumo de cocaína porque se pasaron en masa al consumo de fentanilo, que es 30 veces más mortal que la cocaína”.
Samper también afirmó que “la descertificación es una decisión para estigmatizar los países que no siguen la línea de la política exterior norteamericana y santificar a los que se someten voluntariamente a ella”. Agregó que “nadie en el mundo duda hoy de los costos que hemos pagado los colombianos en esta lucha asimétrica contra las drogas, en la que nosotros ponemos los muertos y los países del norte ponen los consumidores”.
La relación bilateral ha atravesado varios tropiezos en 2025. A inicios de año, se presentó un episodio de tensión luego de que Colombia suspendiera el ingreso de dos vuelos con deportados procedentes de EE. UU., alegando problemas en el trato hacia los connacionales. En ese momento, el expresidente Donald Trump respondió con la advertencia de imponer aranceles a productos colombianos, lo que generó un corto periodo de incertidumbre comercial.
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), señaló que “no es momento de estar jugando con política ideológica electoral local, poniendo en peligro la relación con Estados Unidos”, resaltando la relevancia de mantener el vínculo con el principal socio comercial y aliado estratégico en seguridad.
En la misma línea, AmCham Colombia recomendó a las autoridades nacionales trazar con urgencia un plan que contenga “metas alcanzables y verificables que evidencie voluntad política y una mejora sustancial” en áreas como erradicación de cultivos ilícitos, reducción de la producción y tráfico, cooperación judicial y acciones contra el financiamiento de estructuras criminales. Según esa entidad, “solo así, el país podrá solicitar la reconsideración de la designación en el próximo ciclo y sostener la asistencia dentro del interés nacional de los Estados Unidos”.