La inminente decisión del gobierno de Estados Unidos sobre la certificación antidrogas de Colombia mantiene en vilo a ambos países.
Con cerca de USD 450 millones anuales en cooperación Estados Unidos Colombia en juego, la resolución prevista para el lunes 15 de septiembre podría redefinir la relación bilateral en materia de seguridad, defensa y política antidrogas.
El desenlace, que oscila entre la certificación, la descertificación de Colombia o la concesión de una exención, plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación y el margen de maniobra del presidente Gustavo Petro ante las presiones de Washington.
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El proceso de certificación y descertificación que realiza anualmente Estados Unidos evalúa si los países más involucrados en la producción o tránsito de narcóticos cumplen con sus compromisos internacionales.
De acuerdo con el exembajador estadounidense en Colombia Kevin Whitaker, en entrevista con Semana, el gobierno norteamericano “tiene la facultad de tomar muchas decisiones, desde cortar toda la ayuda a un país hasta votar en contra de este en las instituciones financieras”.
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Sin embargo, existe la posibilidad de un waiver o exención, que permite mantener la cooperación pese a una descertificación formal, enviando un mensaje de descontento pero sin romper la relación.
"Existe un escenario adicional: la posibilidad de un waiver. Es decir, que Estados Unidos no certifique, pero sí dé un waiver o exención para que la relación siga adelante. En el caso de que se presente una descertificación, espero que exista un waiver“, afirmó Whitaker.
Whitaker explicó al medio mencionado que este mecanismo suele aplicarse cuando se reconoce que la fuerza pública colombiana colabora y que la relación bilateral tiene un largo historial de amistad.
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La Cámara de Comercio Colombo-Americana (Amcham) ha identificado cuatro escenarios posibles: una descertificación dura, una descertificación moderada, una certificación por exención por interés nacional y una certificación total.
La mayoría de expertos consultados por La Silla Vacía descartan tanto la certificación total como la descertificación dura, aunque consideran probable una exención o una descertificación moderada.
Según AmCham, el escenario más severo implicaría una reducción de la cooperación entre el 60% y el 70%, es decir, entre USD 270 millones y USD 315 millones, lo que comprometería gravemente la capacidad institucional del Estado y la asistencia técnica en seguridad.
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Un escenario más blando supondría una reducción de entre el 30% y el 40% de la cooperación, afectando proyectos sociales, de justicia y de seguridad ciudadana que dependen del financiamiento externo.
Las consecuencias prácticas de cada escenario son profundas. Una descertificación dura pondría fin a la financiación de horas de vuelo de helicópteros y aviones, repuestos, entrenamiento de pilotos, combustible para buques de la Armada y softwares de inteligencia, entre otros rubros.
Manfred Grauttof, exasesor presidencial en temas de seguridad, advirtió en La Silla Vacía que el mayor impacto recaería sobre el despliegue militar aéreo y las operaciones antinarcóticos de la Policía.
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Aunque el presupuesto de Defensa y Policía de Colombia asciende a 59 billones de pesos, la cooperación estadounidense representa casi 2 billones de pesos, una cifra clave para la adquisición de tecnología y equipos.
Elizabeth Dickinson, analista de International Crisis Group, subrayó la alta dependencia mutua de los sistemas de defensa de ambos países, mientras que Eduard Pizarro, exembajador en Bélgica, señaló que debilitar la relación sería arriesgado para Washington, dada la importancia geoestratégica de Colombia.
El contexto político y diplomático añade complejidad a la decisión. La relación entre Gustavo Petro y Donald Trump se ha visto tensionada por la postura del mandatario colombiano frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la creación de una zona binacional en el Catatumbo, una región crítica por la presencia de cultivos ilícitos.
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Whitaker indicó el medio mencionado que los comentarios de Petro, contrarios a la visión de Trump sobre Venezuela, podrían influir en la decisión estadounidense.
Además, la política de “paz total” impulsada por Petro, que busca negociar con grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico, ha generado escepticismo en la administración Trump y en sectores del Congreso estadounidense.
El debate sobre la política antidrogas en Colombia se ha intensificado ante el aumento histórico de cultivos de coca, que superan las 252.000 hectáreas, y una producción potencial de 2.644 toneladas de cocaína, según la Unodc.
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El gobierno Petro ha priorizado la incautación de cocaína, con 960 toneladas decomisadas el año pasado, pero ha sido crítico del despliegue militar estadounidense y de la erradicación forzada, aunque recientemente incrementó estos esfuerzos en un 46% entre enero y julio respecto al año anterior.
La presión de Estados Unidos apunta a metas más altas de erradicación, mientras que expertos como Grauttof advierten que volver a la erradicación masiva no garantiza resultados y expone a la fuerza pública a mayores riesgos.
Steve Hege, del Instituto Latinoamericano para la Paz y la Seguridad, recordó que la erradicación forzada desvía recursos policiales y puede generar conflictos con comunidades rurales, mientras que la aspersión aérea con glifosato plantea desafíos ambientales y de seguridad.
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