Dos días después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendiera al país con la solicitud a la Corte Constitucional de permitir nuevamente el uso del glifosato para la fumigación aérea de cultivos ilícitos por las recientes respuestas violentas de grupos armados contra la fuerza pública, parte de su gabinete desestimó la medida.
De hecho, en la mañana del miércoles 10 de septiembre, el ministro de justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que el país no podrá hacer uso del químico para acabar con los campos de coca que se mantienen en varias zonas del país.
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En medio de su intervención en el foro Apuestas, progresos y perspectivas frente a las drogas en Colombia: Paz, desarrollo, seguridad y cooperación internacional, organizado por la Cancillería de Colombia, Montealegre fue enfático en la prohibición del alto tribunal bajo cualquier circunstancia, especialmente, por el efecto nocivo a la salud.
“El presidente de la República planteó esta semana la posibilidad de volver a la utilización del glifosato. Lo primero que tengo que anotar es que, dadas las limitaciones constitucionales que ya ha dado la Corte Constitucional y que surge de la teoría de los derechos fundamentales, es un camino a recorrer supremamente difícil”, señaló el ministro.
Asimismo, aseguró que el uso del glifosato en Colombia no podría considerarse en una herramienta sistemática del Gobierno, además, por los costos y la tecnología necesaria para implementarlo.
“Hay un planteamiento del presidente de la República, pero no es un camino fácil. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque no puede convertirse la utilización del glifosato en una política generalizada. Si llegara a utilizarse nuevamente y en forma excepcional esa política, pues no puede ser generalizada y tiene que ser excepcional. En segundo lugar, en virtud del principio de proporcionalidad y específicamente el subprincipio de necesidad, cuando se utilice el glifosato y la aspersión, tendrían que utilizarse mecanismos que disminuyan sensiblemente el daño en la aspersión”, continuó Montealegre.
El ministro de justicia también aseguró que, ante las probabilidades de riesgo en la formación de cáncer de las comunidades cercanas a las zonas de fumigación, se estaría violando el derecho constitucional a la vida y la salud.
“Y el último, y tal vez la más difícil de cumplir, es que la utilización de la aspersión tiene evidencia científica de que es cancerígena. Y en virtud de un derecho, que yo podría decir que es un principio constitucional también, que rige las políticas públicas frente a la prevención de daños, frente al principio de precaución, así no exista certeza de que produce el daño a la vida, la sola probabilidad de riesgo impide la utilización del glifosato”, continuó.
Finalmente, el ministro de Justicia aseguró que en el país no se podrá utilizar el químico nocivo hasta que no se garantice a la población colombiana un esquema especializado de aspersión que reduzca cualquier afectación a la salud, contrario a la iniciativa propuesta por el presidente.
“Conclusión: por ahora, Colombia tendrá que mantener su prohibición total del glifosato y solo en circunstancias extraordinarias, cuando se cumplan estos principios, podría darse un giro radical en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en la utilización del glifosato”, concluyó Eduardo Montelegre.
El 8 de septiembre, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Corte Constitucional reconsiderar su decisión para el uso del glifosato, alegando una fuerte problemática de orden público tras los recientes ataques a las Fuerzas Militares en medio de labores de erradicación manual de cultivos ilícitos.
“Dada la tactica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la corte constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigacion aérea”, escribió el mandatario en su cuenta de X.