En Colombia, la violencia no da tregua y las estadísticas oficiales revelan un panorama difícil de ignorar. Medicina Legal, entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación, entregó las cifras más recientes sobre muertes violentas y el resultado es demoledor, el 2024 quedó marcado como el año más crítico de los últimos siete.
Los números hablan por sí solos. Durante ese año se registraron 29.290 muertes violentas, superando con amplitud los reportes anteriores. Para entender la magnitud, basta repasar la serie histórica: en 2018 se reportaron 20.476 casos, en 2019 fueron 23.729, en 2020 bajaron a 21.602, en 2021 subieron a 26.083, en 2022 se ubicaron en 28.072, en 2023 descendieron a 25.299 y finalmente en 2024 alcanzaron su punto más alto con 29.290. En lo corrido de 2025, hasta julio, ya van 17.212 casos, lo que deja en evidencia que el fenómeno persiste.
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Detrás de esas cifras se agrupan cuatro categorías principales, homicidios, accidentes de transporte, muertes accidentales y suicidios. De todas, el capítulo de los homicidios es el que genera más preocupación. Solo entre 2022 y 2024 se mantuvieron cifras superiores a las 13.000 víctimas por año. En 2022 se registraron 13.341 homicidios; en 2023, 14.033; y en 2024, 13.917. El 2025 tampoco muestra una tendencia favorable: en apenas siete meses ya se cuentan 8.353 casos.
Ese mismo indicador refleja otra tragedia, la vulnerabilidad de la Fuerza Pública. Entre enero y julio de este año, 97 integrantes fueron asesinados en actos de servicio, una cifra alarmante si se compara con el mismo periodo de 2024, cuando se habían reportado 39 muertes. El aumento del 149 % evidencia un deterioro en las condiciones de seguridad para quienes tienen la misión de proteger al país.
Un episodio que ilustró con crudeza la dimensión de la violencia fue la masacre en el Guaviare, atribuida a las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, uno de los grupos incluidos en el proyecto de Paz Total del Gobierno. En esa ocasión, un contingente militar cayó en una emboscada y siete uniformados fueron asesinados sin contemplación. El hecho generó un remezón en las filas del Ejército: el comandante de la brigada 22, el jefe de Estado Mayor, el oficial de operaciones, el comandante del batallón Joaquín París y otro oficial fueron retirados de sus cargos como consecuencia directa de lo ocurrido.
Más allá del impacto inmediato, este tipo de ataques deja al descubierto una realidad incómoda, las regiones más golpeadas por el conflicto armado siguen siendo escenario de disputas violentas que comprometen tanto a la población civil como a los militares desplegados. El Guaviare es apenas un ejemplo de cómo las promesas de pacificación se ven enfrentadas a la persistencia de estructuras armadas que no se acogen a los acuerdos.
Si se amplía la mirada, las cifras de Medicina Legal plantean interrogantes de fondo sobre las políticas de seguridad y prevención del Gobierno nacional. Los homicidios no solo concentran la atención, también se suman las muertes derivadas de accidentes de tránsito, las de carácter accidental y los suicidios, que en conjunto engrosan el balance de muertes violentas. Aunque cada categoría responde a causas distintas, todas exigen respuestas integrales del Estado.
En la opinión pública, el informe no pasa inadvertido. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de impulsar diálogos con grupos armados, la escalada de homicidios, el repunte en los ataques a la Fuerza Pública y la persistencia de masacres generan cuestionamientos sobre la eficacia de la estrategia de Paz Total.
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