A raíz de testimonios de varios testigos, que acusan al santandereano de haber orquestado un plan de manipulación en contra del que sería uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, el alto tribunal ordenó compulsar copias para abrir una investigación formal en contra de Hernández.
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En medio de esta situación, el senador bumangués compareció ante los medios con una declaración contundente: calificó al caso como el “tercer intento de Roy Barreras por enfrentarnos judicialmente”, resaltando que en los dos anteriores procesos obtuvo victorias, tanto en la denuncia inicial por calumnia y hostigamiento agravado como en un recurso de reposición.
“Con toda seguridad vamos a ganar porque Jota Pe Hernández es un símbolo de transparencia en la nueva política colombiana”, afirmó con firmeza Jota Pe Hernández.
El legislador rechazó de forma categórica las acusaciones, asegurando: “En ningún momento hemos manipulado ningún testigo, estamos tranquilos… puedo dar completamente certeza de que en ningún momento hubo ninguna manipulación, ningún soborno. Estos testimonios son falsos”.
Asimismo, el santandereano adelantó que presentaría una denuncia contra Roy Barreras y su abogado, por lo que considera una falsa denuncia que busca perjudicarlo políticamente.
Jota Pe Hernández se mostró optimista frente a este nuevo episodio judicial y reiteró su total confianza en la justicia: “Será la tercera victoria que obtendremos en la Corte Suprema de Justicia contra Roy Barreras”.
El origen del conflicto se remonta a 2023, cuando Roy Barreras demandó al entonces senador Jota Pe Hernández por calumnia y hostigamiento agravado tras un video en el que el hoy senador señalaba a Barreras de liderar una red corrupta entre el Senado y la empresa Dicitec S.A.S., encargada del servicio de televisión del Congreso.
Aunque inicialmente la Corte archivó la denuncia en favor de Hernández, argumentando que sus expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión, nuevos testimonios recientes incluyeron acusaciones de manipulación y soborno.
Los testigos—entre ellos Kilian Torres Rojas, ex camarógrafo del Canal Congreso; John Jairo Uribe Muñoz, ex productor y asesor de Barreras; y Catherine Torres Rojas—alegan que Jota Pe les ofreció beneficios como conservar su salario sin trabajar o incluso agilizar procesos migratorios, a cambio de testimonios falsos contra Barreras.
Tras estas declaraciones, el despacho del magistrado Farfán consideró que había méritos suficientes para investigar posibles delitos de soborno, hostigamiento y calumnia, y ordenó la compulsa de copias para iniciar la fase preliminar del proceso.
Este caso añade un nuevo capítulo al debate sobre la politización del sistema judicial en Colombia, en especial por el rol que desempeñan las denuncias públicas y video-acusaciones en escenarios de confrontación política. El episodio también remite al histórico caso de Álvaro Uribe Vélez, quien enfrentó acusaciones similares por manipulación de testigos y terminó implicado penalmente, configurándose como una advertencia sobre los riesgos de este tipo de estrategias políticas.
La investigación se convierte en un momento crítico para Jota Pe Hernández, que ha construido una fuerte imagen pública como representante de una nueva generación de políticos comprometidos con la transparencia; su ascenso —en parte impulsado por su presencia en redes y discursos anticorrupción desde el estallido social de 2021— podría verse seriamente afectado si se comprueba algún tipo de manipulación en este caso.
Hoy, mientras la Corte Suprema recopila evidencia y avanza en la instrucción, el senador Hernández se mantiene firme, refuerza su defensa pública y tilda el proceso como una manipulación política más por parte de Roy Barreras.