La posibilidad de que Estados Unidos retire la certificación antidrogas a Colombia preocupa a las autoridades colombianas y dispara las alertas en medio de la crisis de seguridad que vive el país.
Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió en entrevista con AFP que una decisión de ese tipo “beneficiaría a los narcotraficantes y sería una derrota para las naciones y sus alianzas internacionales”.
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Según sus palabras, “ganan los ilegales, pierden las naciones. La certificación de alguna manera es un símbolo de cooperación, de alianza, de confianza, pero también de capacidades, de un apoyo importante para que nosotros podamos actuar más con mayor contundencia”.
En las próximas semanas, la administración de Donald Trump debe decidir si mantiene el multimillonario respaldo militar a Colombia, soporte fundamental en la lucha contra los cárteles y guerrillas que operan gracias al tráfico de cocaína.
Qué implica la decisión que tomará el presidente Donald Trump: la posible descertificación a Colombia
Esta decisión llegará en un contexto crítico por la tensa relación que se sostiene entre Washington y Bogotá, marcado por diferencias diplomáticas entre Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro, crítico acérrimo de las estrategias estadounidenses de seguridad y del despliegue militar en el Caribe, una política también rechazada abiertamente por el régimen venezolano de Nicolas Maduro.
Durante reciente visita al departamento de Putumayo, acompañando a una misión de erradicación de cultivos ilícitos, el jefe de la Defensa extrajo junto a campesinos plantas de coca —principal materia prima de la cocaína— como parte de los programas oficiales de sustitución.
En ese escenario, Sánchez habló sobre el impacto negativo que tendría no contar más con el respaldo de Estados Unidos: “La certificación representa un reconocimiento a la colaboración entre nuestros países y respalda el apoyo financiero, logístico y técnico, esencial en las operaciones conjuntas”, aseguró el ministro.
“Colombia tal vez es de los países que con mayor contundencia, integralidad, ataca el narcotráfico. (...) Es tal vez el país que más pone muertos”.
Los números que buscan respaldar las acciones de Colombia en la lucha contra las drogas
La amenaza de perder la certificación se inscribe además en la profundización de la crisis colombiana: los últimos meses han mostrado cifras récord de cultivos y ataques armados, además del asesinato del senador opositor y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, abatido a tiros en circunstancias atribuidas por el gobierno a estructuras criminales ligadas al narcotráfico.
La situación ha llevado a analistas a cuestionar la efectividad de las políticas de paz de la actual administración y el impacto de la reducción en las operaciones ofensivas de las fuerzas armadas.
Sánchez destacó que su gestión ha continuado atacando el fenómeno narcotraficante en todas sus dimensiones, argumentando que “tenemos una conciencia totalmente tranquila de haber entregado absolutamente todo. Aquí hay un empeño absoluto”.
Aunque el Gobierno de Gustavo Petro, en el poder desde 2022, mantiene su apuesta por un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas —más orientado a combatir las causas sociales del conflicto—, también defiende la continuidad de las estrategias represivas sobre el terreno.
El viaje de Sánchez a Villagarzón, Putumayo, estuvo rodeado de estrictas medidas de seguridad, con decenas de uniformados, tres helicópteros y personal del ejército equipado con armamento especial para neutralizar drones. De hecho, días antes, un ataque atribuido a miembros de una guerrilla en negociación (Comandos de Frontera) con el gobierno dejó a dos soldados con lesiones graves, tras un intento de ser incinerados durante una operación antidrogas en la zona.
Una guerra que Colombia no puede perder: con el apoyo de Estados Unidos
Organizaciones internacionales han advertido sobre la sofisticación y letalidad creciente de los ataques de los grupos armados, que emplean drones para lanzar explosivos tanto contra la fuerza pública como contra civiles.
El propio Sánchez reconoció esta preocupación: “La tecnología cambia muy rápido y tenemos que lograr anticiparnos a la amenaza”.
Aunque Colombia aún no incorpora drones de combate en sus operativos contra organizaciones armadas, el ministro explicó que se han perfeccionado sistemas de defensa para neutralizar artefactos explosivos lanzados desde vehículos aéreos comerciales. Según cifras oficiales, “en el último mes y medio (desde mitad de julio y agosto de 2025) se han inhibido 802 ataques de este tipo”.
Además, el jefe de la cartera de Defensa insistió en la necesidad de un mayor presupuesto para reforzar las capacidades en armamento, aeronaves y equipos de inteligencia, señalando la urgencia de redoblar la inversión en seguridad.
“Si queremos seguridad, pues hay que invertir en seguridad. No nos pidan que acabemos con el cáncer con pañitos de agua tibia”, expresó.
Los servicios de inteligencia estiman que en Colombia operan cerca de 22.000 integrantes de guerrillas y estructuras narcotraficantes.
De acuerdo con el ministro, el proyecto gubernamental de paz con los grupos armados no ha significado una disminución en la ofensiva militar: “La orden es emplear toda la contundencia contra ellos”.
Así, el futuro de la certificación estadounidense no solo afecta recursos y respaldo internacional, sino también la capacidad de respuesta del Estado en uno de los momentos más delicados en materia de seguridad en la última década.