La Agencia Nacional de Tierras (ANT) inició procesos administrativos contra dos predios, El Limón y Guayabal, ubicados en Mahates, Bolívar, y pertenecientes al senador Lidio García, presidente del Congreso de Colombia.
Cambio accedió a las resoluciones oficiales del 3 de septiembre, donde se formaliza el inicio de estos procedimientos.
El objetivo de la ANT es examinar el origen de las propiedades para establecer si corresponden a baldíos ocupados sin los debidos requisitos legales.
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Este hecho adquiere relevancia política porque Lidio García presidió la sesión del Congreso en la que se eligió a Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, una votación de alto perfil nacional.
La apertura de las investigaciones administrativas ya se había anticipado en una reunión del consejo de ministros realizada el 27 de mayo de 2025.
El inicio de estos procesos evidencia la vigilancia de las autoridades sobre el manejo de tierras en Colombia y genera cuestionamientos acerca del estatus y legitimidad de la tenencia de predios por parte de funcionarios públicos.
Además, ocurre en un momento clave marcado por decisiones políticas y jurídicas relevantes para el Congreso y el país.
Hasta el momento, el presidente del Congreso de la República no se ha pronunciado sobre dicha proceso administrativo en su contra.
Análisis de la ANT reveló que varios congresistas estarían involucrados con casos de acaparamiento de tierras baldías, entre ellos, Lidio García
Un análisis de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reveló que aproximadamente un tercio de los congresistas colombianos tendría relación con casos de acaparamiento de tierras baldías.
La información fue dada a conocer en su momento por el director de la ANT, Felipe Harman, quien durante un consejo de ministros expuso la existencia de expedientes abiertos y la identificación predial de varios legisladores.
“Nosotros hemos revisado de forma clara cuáles son presuntamente los congresistas que acaparan la tierra en Colombia”, afirmó Harman.
Entre los mencionados destacan Marcos Daniel Pineda, Liliana Esther Vitar, Lidio García Turbay, Ana Paula García, Carlos Cuenca, Javid Méndez y Luis Eduardo Díaz Mateus, todos señalados por manejos irregulares en diversos departamentos.
La ANT explicó que los casos siguen en fase administrativa y buscan esclarecer posibles prácticas contrarias a la ley en la tenencia y uso de estos predios.
Lidio García respaldó garantías en la elección del nuevo magistrado de la Corte Suprema
El 3 de septiembre de 2025, la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional estuvo marcada por la aplicación de lineamientos transparentes en el Senado de la República, bajo la conducción de Lidio García, presidente del Congreso.
García lideró la plenaria estableciendo pautas precisas que se comunicaron desde el inicio, enfocadas en asegurar independencia y limpieza durante el proceso de selección.
Entre las medidas principales destacó la restricción del ingreso de miembros del Ejecutivo a la sala, con el objetivo de evitar cualquier indicio de influencia o presiones externas.
García instruyó a los senadores a acudir a la urna sin teléfonos móviles, impidiendo registros fotográficos del voto. Además, se insistió en que cualquier papeleta con tachaduras resultaría anulada y que el voto debía depositarse individualmente, cumpliendo así con las advertencias de la mesa directiva. El desarrollo de la sesión se caracterizó por un ritmo ágil y ordenado.
La votación transcurrió sin contratiempos, y tanto sectores afines al Gobierno como de la oposición reconocieron la existencia de garantías, a pesar de no haber coincidido en la elección del ganador.
Este reconocimiento se hizo extensivo al papel de la presidencia del Senado, resaltando que las reglas del juego fueron mantenidas con rigor a lo largo del proceso.
Las normas adoptadas, como la prohibición de celulares y la rigurosidad en la aceptación de papeletas, se interpretaron como mecanismos de defensa de la libertad del voto y de prevención ante eventuales reclamaciones.
El proceso de designación del magistrado, que recayó en Carlos Camargo, se realizó bajo condiciones que refuerzan la confianza en la decisión del Senado.
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