La devolución de la EPS Sanitas a sus propietarios, tras la anulación de la intervención estatal, se convirtió en un proceso marcado por la incertidumbre financiera y jurídica, según reconoció tanto la Superintendencia Nacional de Salud como el Grupo Keralty.
El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, confirmó que la entrega de la entidad ya está en marcha, aunque persisten dudas sobre cómo materializar la restitución en medio de las dificultades económicas que enfrenta la aseguradora.
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El fallo de la Corte Constitucional, emitido el 26 de junio y notificado el 23 de julio, determinó que la intervención forzosa de la EPS Sanitas vulneró el derecho al debido proceso de los accionantes. La decisión dejó sin efecto tres resoluciones clave:
- La Resolución 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024, que ordenaba la toma de posesión de la EPS por un año.
- La Resolución 2024100000003060-6 del 10 de abril de 2024, que corregía la anterior
- La Resolución 2025320030001947-6 del 1 de abril de 2025, que prorrogaba la medida por otro año.
El alto tribunal consideró que la Superintendencia Nacional de Salud no argumentó ni valoró adecuadamente si las insuficiencias patrimoniales de la EPS eran consecuencia de su propia gestión o de factores externos, como la insuficiencia de la UPC y la falta de reconocimiento oportuno de los presupuestos máximos.
En palabras de la Corte, “la accionada omitió argumentar, valorar y determinar su conducta considerando si EPS Sanitas se encontraba o no en una imposibilidad fáctica de cumplir con los requisitos de habilitación financiera derivados del impago o el ajuste de la UPC y del no reconocimiento de los Presupuestos Máximos, lo cual tiene repercusión constitucional, directa y esencial, en la medida de intervención”.
A pesar de la orden judicial, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó a la Corte Constitucional la aclaración del fallo y la resolución de un incidente de nulidad, argumentando que la EPS Sanitas no cumple con los requisitos de capital mínimo, patrimonio adecuado ni inversión de reservas técnicas, lo que, según el superintendente Rubiano, “pone en riesgo a sus usuarios”.
En una rueda de prensa, Rubiano expresó: “Aunque hicimos el requerimiento técnico, la Corte no nos ha respondido. Entonces se procede, señor ministro (Guillermo Jaramillo), a hacer la devolución de la entrega a sus importantísimos y extranjeros dueños”. El funcionario también cuestionó cómo se puede entregar una EPS en esas condiciones sin comprometer la atención a millones de usuarios, y planteó: “Quisiera que la Corte me explicara a mí cómo entonces se logra eso”.
El pronunciamiento de Keralty
El Grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas, calificó la decisión de la Corte Constitucional como una reivindicación legal, pero advirtió sobre el profundo deterioro sufrido por la empresa durante los quince meses de intervención.
En un comunicado, la compañía afirmó: “La justicia colombiana nos ha dado la razón: se ha declarado ilegal la intervención de nuestra EPS Sanitas. Después de quince largos meses de arbitrariedades, persecuciones y silencios, se nos devuelve lo que nunca debió ser arrebatado”.
Keralty describió la intervención como una estrategia “premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada”, y aseguró que la empresa regresa “devastada, con servicios deteriorados, redes fragmentadas y un equipo humano afectado”.
El grupo empresarial, junto con sus filiales Colsanitas, Medisanitas y la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas, así como el directivo Juan Pablo Rueda, solicitó a la Corte Constitucional que garantice el cumplimiento inmediato de la Sentencia SU-277 de 2025, que dejó sin efecto la intervención administrativa.
El apoderado de los accionantes señaló en su escrito que “la Superintendencia Nacional de Salud no ha dado cumplimiento a lo ordenado por este Alto Tribunal, lo cual implica que aún persiste la violación de los derechos fundamentales objeto de amparo constitucional en la sentencia referida”.
Keralty advirtió que, si el Gobierno no cumple con sus obligaciones financieras, “no nos quedará otra alternativa que desistir de nuestro propósito y voluntad de seguir adelante”. Además, anunció acciones legales tanto en tribunales nacionales como internacionales y exigió “reparación integral, verdad y responsabilidades”.
El grupo propietario reiteró que la restitución debe concretarse de inmediato y señaló que la demora podría acarrear consecuencias disciplinarias y penales para los funcionarios responsables. Más de 5,8 millones de afiliados permanecen a la expectativa de la resolución definitiva de este proceso.