El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz confirmó que el 29 de agosto de 2025 un firmante de paz fue asesinado en el corregimiento de Campo Hermoso, en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá.
“Carlos Eduardo Valencia Marulanda era firmante del Acuerdo de Paz de 2016 y estuvo vinculado al ETCR Urias Rondón, ubicado en el municipio de La Macarena, Meta. Actualmente, adelantaba su proceso de reincorporación en San Vicente del Caguán, a donde llegó tras haber sido desplazado de la región del Catatumbo”, mencionó Indepaz en su boletín oficial.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Los hechos fueron perpetrados por un grupo de hombres armados que lo interceptaron y atacaron. Una mujer que lo acompañaba en el momento del ataque también perdió la vida. Este hombre es el firmante número 30 en ser asesinado en Colombia en lo corrido del 2025.
Los grupos que hacen presencia en ese territorio son el Frente 62 Rodrigo Cadete, Frente Iván Díaz de Bloque Jorge Suárez Briceño y Comandos Bolivarianos de la Frontera de la Coordinadora Nacional.
De igual manera, confirmaron que desde la Defensoría del Pueblo se había emitido una alerta con respecto a los peligros de la ciudadanía, comunidades indígenas y campesinas en esa zona por la violencia a manos de las organizaciones criminales.
“Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 001/25 que incluye a San Vicente del Caguán y advierte sobre un riesgo extremo para comunidades campesinas e indígenas en Caquetá, Meta, Putumayo y Amazonas por disputas entre disidencias de las Farc; los grupos armados imponen confinamientos, restricciones a la movilidad y extorsiones que generan graves afectaciones humanitarias, con desplazamientos forzados y limitación del acceso humanitario en varios municipios, mientras la Defensoría alerta sobre una posible expansión de la crisis y la reconfiguración del control territorial en la región”. Los grupos armados imponen confinamientos, restricciones a la movilidad y extorsiones que generan graves afectaciones humanitarias".
Asesinado firmante de paz en Meta
El hallazgo del cuerpo sin vida de Rogelio Suns Díaz en la vereda Caño Lindo, municipio de El Castillo (Meta), constituye un nuevo golpe a los esfuerzos de reincorporación a la vida civil de excombatientes en Colombia. Según confirmó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Suns Díaz se convierte en el firmante de paz número 29 asesinado en lo que va de 2025, una cifra que subraya la gravedad de la situación de seguridad en las zonas rurales donde operan diversos actores armados ilegales.
Suns Díaz, quien participó en la suscripción del Acuerdo de Paz de 2016 y colaboraba de manera activa en proyectos comunitarios, fue interceptado mientras trabajaba en la construcción de un puente sobre el río La Cal, obra orientada a comunicar las veredas La Cima y La Esperanza. Hombres armados lo retuvieron en el lugar y posteriormente lo asesinaron, reflejando la vulnerabilidad de quienes, tras dejar las armas, buscan impulsar obras sociales y de reconciliación junto a sus comunidades.
La Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana 004/23, ya había advertido sobre el crítico panorama en El Castillo, señalando la presencia y control territorial de grupos armados ilegales, los cuales imponen amenazas, extorsiones y reclutamiento de menores, dejando a la población civil atrapada y a los exguerrilleros expuestos a un riesgo permanente. Indepaz recalcó que la intervención estatal sigue siendo insuficiente para contrarrestar la influencia de estos grupos, lo que perpetúa un ambiente de amenazas, hostigamiento y asesinatos.
Ante estos hechos, la Defensoría solicitó un despliegue urgente de protección y aumento de la presencia institucional para frenar la escalada de violencia. Indepaz destacó que, en este contexto, el miedo y la incertidumbre dominan la vida cotidiana de los habitantes de El Castillo y de los firmantes del Acuerdo de Paz, dificultando la continuidad de proyectos de construcción de paz y señalando la necesidad de estrategias integrales que garanticen los derechos de las comunidades vulnerables y las personas en proceso de reincorporación.
PUBLICIDAD