El accidente en el que resultó involucrada la caravana de Daniel Palacios Martínez, exministro del Interior y actual precandidato presidencial, generó cuestionamientos directos hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP). La situación fue asociada con el siniestro ocurrido meses atrás en el esquema de seguridad del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, lo que avivó las críticas a la forma en que esta entidad administra los vehículos y esquemas destinados a la protección de figuras políticas.
El hecho se produjo el jueves 28 de agosto en una vía de Medellín, Antioquia. La camioneta de seguridad en la que se desplazaba parte del esquema de Palacios presentó fallas en el sistema de frenos cuando se dirigía desde el aeropuerto José María Córdova hacia la ciudad y el incidente tuvo lugar en el sector de Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe.
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Aunque Palacios no resultó afectado, debido a que había cambiado de vehículo minutos antes, sí se reportaron heridos. En total, siete policías y dos integrantes de la UNP sufrieron lesiones, mientras que uno de los escoltas permanece en estado crítico.
Las primeras informaciones señalan que el conductor del vehículo afectado sería precisamente la persona más comprometida en materia de salud. Este hecho, de inmediato, condujo a comparaciones con la situación de Vargas Lleras, cuyo esquema sufrió un accidente con consecuencias fatales en marzo del mismo año.
El antecedente con Germán Vargas Lleras
El 9 de marzo de 2025, la UNP reportó que el esquema de protección de Germán Vargas Lleras sufrió un siniestro en la vía que comunica a Cúcuta con Bogotá, en el tramo entre Paz del Río y Belencito (Boyacá). El volcamiento de una camioneta dejó tres personas heridas y dos fallecidas, en ese momento, el líder de Cambio Radial no se encontraba en el convoy, pues se desplazaba en avión.
El incidente encendió las alarmas sobre el estado de los vehículos que la unidad destina a los esquemas de seguridad. Días después, sindicatos de la entidad señalaron que los escoltas ya habían advertido sobre fallas mecánicas en la camioneta sin que se tomaran medidas correctivas. Según estas denuncias, la empresa Armati Ltda., dueña del vehículo, fue cuestionada por deficiencias en los blindajes, en el cumplimiento de mantenimientos y en la atención a revisiones técnicas.
De acuerdo con la investigación del diario El Tiempo, aunque la camioneta era propiedad de la compañía mencionada, esta fue arrendada a Neostar, firma que mantiene contratos directos con la UNP. Entre los hallazgos, se reveló que el vehículo accidentado hacía parte de un lote destinado a altos funcionarios del Estado, incluido el propio expresidente Juan Manuel Santos y exvicepresidentes como Vargas Lleras.
Documentos mostraron que, en enero de 2025, la camioneta recibió un mantenimiento que incluyó cambio de aceite, revisión de luces, frenos y suspensión. No obstante, poco después se accidentó.
La similitud entre los dos hechos generó reacciones políticas inmediatas. El senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, cuestionó la responsabilidad de la entidad frente a la seguridad de los dirigentes políticos.
A través de su cuenta en la red social X escribió: “Hace unos meses el esquema de Germán Vargas Lleras se accidentó cuando un vehículo de la UNP presentó fallas técnicas mientras regresaba de Norte de Santander a Bogotá. Ahora sucede lo propio con el exministro Daniel Palacios en Antioquia, donde otro vehículo de la misma entidad habría experimentado una falla. En ambos casos no solo hubo víctimas, sino ‘coincidencias’ como que ambos dirigentes son integrantes de la oposición. Dicho eso, envío un mensaje de solidaridad a Daniel y a las personas que resultaron heridas. Pronta recuperación. 🙏”.
Esta publicación evidenció la preocupación que hay en torno al manejo de los esquemas de seguridad, especialmente porque ambos casos afectan a líderes de oposición y ponen en duda la confiabilidad de los vehículos asignados.
Los cuestionamientos también se centran en la cadena de contratación de la UNP con empresas privadas, señaladas por deficiencias en los mantenimientos y en la calidad de los blindajes. Para los sindicatos, estas prácticas han dejado expuestos tanto a los escoltas como a los propios protegidos.