Piden a Estados Unidos investigar al Gobierno Petro por presunto favorecimiento al régimen de Maduro: “Máxima urgencia”

El 26 de agosto de 2025, el concejal de Bogotá Julián Uscátegui Pastrana envió una carta formal al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicita una investigación internacional sobre el presunto favorecimiento del Gobierno de Gustavo Petro a las estructuras criminales vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La petición, dirigida a la Casa Blanca, se fundamenta en una serie de hechos y decisiones gubernamentales que, según Uscátegui, podrían comprometer la seguridad y la institucionalidad de Colombia. Además, su denuncia se produce en un contexto de sanciones internacionales contra el dictador Maduro, al que Estados Unidos acusa de liderar el denominado cartel de los Soles y de ser responsable de la exportación de cocaína hacia territorio norteamericano.

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El concejal advirtió que las acciones del Gobierno colombiano podrían estar facilitando la operación de redes criminales transnacionales en la frontera Colombo-venezolana.

Entre los argumentos presentados, el servidor público expuso una de las posturas más cuestionadas del presidente Gustavo Petro, en relación con el cartel de Los Soles, una organización criminal que estaría siendo liderada por Nicolás Maduro. Según el jefe de Estado, dicho grupo ilegal no existe; a su juicio, sería una premisa utilizada por la “extrema derecha” para perjudicar a gobiernos que no son obedientes.

“Este contraste plantea serias preocupaciones frente a un posible escenario de encubrimiento, omisión y/o favorecimiento, en el que las posturas oficiales del presidente Petro podrían terminar alineándose con los intereses del denominado Cartel de los Soles y de los grupos narcoterroristas que lo integran”, precisó el funcionario en la misiva enviada a Marco Rubio.

Una Paz Total cuestionada por beneficiar a criminales

Aunado a ello, mencionó la radicación del Proyecto de Ley No. 002 de 2025, conocido como la “ley de sometimiento”, que propone penas alternativas para integrantes de grupos armados organizados, incluidos máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos y delitos conexos. La iniciativa es problemática porque, según el concejal, podría beneficiar a cabecillas de organizaciones narcotraficantes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, que operan en la frontera con Venezuela.

Asimismo, añadió como prueba la política de Paz Total del Gobierno Petro, que ha permitido la liberación de temidos narcotraficantes mediante su designación como “gestores de paz”. Entre los beneficiados menciona a Salvatore Mancuso; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar; y Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, todos con antecedentes por tráfico de drogas y homicidio. Esto, según el Gobierno, con el fin de que contribuyan a la verdad y a la construcción de paz en Colombia.

Por otro lado, se refirió a la creación de una Zona Económica Especial Binacional entre Colombia y Venezuela –fuertemente criticada por la oposición colombiana– formalizada el 25 de julio de 2025 mediante un memorando de entendimiento. Uscátegui advirtió que el acuerdo “carece de disposiciones claras para prevenir el uso indebido de la zona por parte de organizaciones criminales y desconoce su existencia”, lo que podría convertirla en un corredor seguro para el tráfico de drogas y la protección de organizaciones narco terroristas. El concejal respaldó su punto de vista con datos sobre la presencia de más de 43.000 hectáreas de cultivos de coca en la zona proyectada, que están bajo control de disidencias de las Farc y el ELN.

Aumento de cultivos de uso ilícito y el escándalo de Ungrd

El documento también señala una reducción en la erradicación de cultivos de uso ilícito durante parte de la administración de Gustavo Petro. De acuerdo con cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) compartidas por el concejal, los cultivos de coca aumentaron un 10% entre 2022 y 2023, pasando de 230.000 a 253.000 hectáreas, mientras que la producción potencial de cocaína creció un 53%.

Y, mientras los datos muestran una presunta falta de acción por parte del Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico, han denunciado irregularidades que comprometen los recursos públicos. Uscátegui mencionó específicamente el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que, según el exdirector Olmedo López, incluiría la suscripción de contratos estatales para favorecer al ELN. El exfuncionario y procesado reveló ante la Corte Suprema de Justicia que uno de los contratos investigados por corrupción estaba dirigido a una región controlada por el ELN, lo que podría haber servido para financiar a este grupo armado ilegal.

“Este hecho levanta serias preocupaciones sobre la transparencia y los mecanismos de control dentro de la política de “paz total” del Gobierno, y pone en tela de juicio si los recursos del Estado están siendo utilizados de manera indebida para propósitos no declarados, lo que podría tener graves implicaciones para la seguridad y la gobernabilidad del país”, señaló.

Carta de Julián Uscátegui a Marco Rubio