La infraestructura eléctrica de Colombia enfrenta una coyuntura crítica. El país debe invertir $40 billones en generación, transmisión y distribución de energía en los próximos 10 años para garantizar la confiabilidad del suministro y evitar el riesgo de apagones. El reto involucra el fortalecimiento institucional, la estabilidad regulatoria y la capacidad de atraer capital privado en un escenario de alta demanda y riesgo financiero.
El crecimiento sostenido en el consumo eléctrico ha provocado preguntas sobre la capacidad del sistema para responder a la demanda futura. Las cifras de los últimos cinco años muestran que la adición de nuevas plantas está por debajo de lo necesario. Entre 2021 y 2025, apenas han ingresado al sistema menos del 30% de la capacidad de generación proyectada, lo que representa apenas 50 megavatios de los 3.517 MW esperados en lo transcurrido de 2025.
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El operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) advirtió recientemente sobre el riesgo de insuficiencia energética, debido a la falta de inversiones en nuevos proyectos. En palabras de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), “será necesario aumentar la capacidad eléctrica entre 2.500 y 3.000 MW para garantizar el abastecimiento”, pues los cálculos apuntan a un déficit de energía del 4% en 2028 y del 6% en 2030.
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Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advirtió: “Estamos en un estado constante de incertidumbre y ante la incertidumbre nadie invierte. Ese es el principal problema que estamos viendo hoy”. Castañeda subrayó que el aporte estatal será limitado: “Esa plata no saldrá del sector público. Esa plata será un esfuerzo de los privados”. El ejecutivo precisó que la inversión requerida se distribuye en $18 billones para generación, $12 billones para transmisión y más de $10 billones para distribución.
El modelo colombiano de mercado eléctrico favorece la participación privada. Empresas nacionales e internacionales financian y desarrollan proyectos bajo reglas de mercado y contratos de venta de energía a largo plazo. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria actual es uno de los mayores obstáculos para movilizar los recursos necesarios. “Hay que garantizar señales idóneas porque sin unas reglas de juego claras nadie invierte”, insistió Castañeda. Pidió que no se desechen los logros de las últimas tres décadas, cuando se invirtieron $140 billones y la cobertura eléctrica nacional creció del 85% al 97%.
Los números recientes muestran que en 2024, solo las firmas asociadas a la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) invirtieron $2,65 billones. Sin embargo, la inversión total prevista para toda la década es mucho más ambiciosa. El ingreso de capital extranjero aumentó con US$222 millones en el primer trimestre del año, un 89% más frente al mismo período del año pasado, aunque la necesidad supera con creces estas cifras.
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Las dificultades para lograr los objetivos energéticos no son solo financieras, también existen problemas técnicos y sociales. Solo un 28% de la capacidad de generación adjudicada en los últimos cinco años ha empezado a operar. En transmisión, 143 proyectos dependen de expansiones, pero diez de ellos mantienen bloqueados más de 2,5 GW, lo que impide entregar energía generada al sistema. “Es como tener carros parqueados en la salida de un túnel, listos para arrancar, pero con el camino bloqueado”, ilustró Castañeda.
El dirigente gremial subrayó además que “Colombia necesita una política energética que articule autoridades ambientales, territoriales, comunidades y empresas. Si no, cada proyecto se convertirá en una carrera de obstáculos imposible de superar”. Los retrasos en licenciamiento ambiental, las consultas previas y los conflictos sociales han agudizado los cuellos de botella.
El mayor desafío operativo se manifiesta entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., cuando la demanda supera la capacidad de reserva y obliga a operar todas las plantas hidráulicas y térmicas de forma simultánea. Cualquier falla puede poner en riesgo la estabilidad del sistema. Por este motivo, Andeg reiteró la urgencia de convocar una subasta de expansión de cargos por confiabilidad, incluyendo fuentes térmicas necesarias para cubrir los picos.
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Un punto relevante es la diversidad de fuentes energéticas. “Aquí nadie está diciendo que no se apueste a las renovables. Lo que decimos es que no podemos poner todos los huevos en la misma canasta”, sostuvo Castañeda al referirse a la necesidad de incluir hidroeléctricas, térmicas, gas y carbón en la matriz energética bajo criterios de sostenibilidad.
Otra preocupación del sector es la seguridad financiera. Las deudas acumuladas por entidades públicas ascendieron a $6,1 billones a agosto de este año, lo que incrementa el riesgo crediticio y amenaza la estabilidad financiera. “La situación genera un sobreesfuerzo por parte de las empresas comercializadoras, lo que incrementa el riesgo de cartera y pone en peligro la estabilidad financiera del sector, algo que hemos destacado como un riesgo sistémico para toda la cadena, con el potencial de generar un apagón financiero”, advierte la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).
El entorno financiero internacional impone condiciones estrictas. “Las tasas de interés que estamos viendo hoy en día son tremendamente altas en todos los países. Y obviamente estos proyectos dependen mucho de esos niveles de tasas para acceder a créditos”, explicó Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual. A esto se suma que Colombia presenta un riesgo país superior al de otras economías latinoamericanas, lo que incrementa el costo del capital.
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Pese a los desafíos, el 67% de las empresas planea aumentar la inversión en generación eléctrica el próximo año, el 55% modernizará proyectos hidroeléctricos o térmicos y el 45% incrementará recursos en innovación y energías renovables, según una encuesta de Acolgen.
La viabilidad de asegurar estas inversiones pasa por la confianza en la institucionalidad y en la permanencia de las reglas de juego. El sector pide una hoja de ruta clara que convoque a todos los actores y no cambie con cada gobierno.
La seguridad energética de Colombia depende de la materialización de estas inversiones, que serán la base para enfrentar una década marcada por el crecimiento de la demanda y los desafíos de la transición energética.
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