El nombramiento de un familiar directo, la alteración de cifras clave y el uso controvertido de fondos públicos han situado a Edwin Palma, actual ministro de Minas y exinterventor de Air-e, en el centro de un escándalo que sacude al sector eléctrico de la Costa Caribe colombiana.
Según una reciente investigación publicada por la revista Cambio, la gestión de Palma durante la intervención estatal de Air-e está bajo la lupa por presunto nepotismo, manipulación de información financiera y contratos otorgados en condiciones irregulares, lo que ha desatado cuestionamientos legales y políticos.
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La crisis eléctrica en la Costa Caribe tiene raíces profundas y una historia que resalta la ineficiencia y el deterioro en el servicio. Durante décadas, empresas como Corelca, Electricaribe y, más recientemente, Air-e, han sido sinónimo de facturas elevadas, redes obsoletas y cortes de energía prolongados.
Aunque el presidente Gustavo Petro prometió transformar esta realidad al asumir el poder, la situación, lejos de mejorar, se agravó tras la intervención de Air-e en septiembre de 2024. En ese momento, la empresa acumulaba una deuda oficial de 1,8 billones de pesos y enfrentaba la negativa de las generadoras a suministrar energía por falta de pago.
Ante la crisis, el Gobierno optó por salvar la compañía y designó a Palma, un dirigente sindical de reconocida trayectoria, como interventor con la misión de sanear las finanzas y garantizar el servicio.
Nombramiento de Juan Pablo Nieto Egea, primo de Edwin Palma
Aunque hace semanas salió a la luz la firma del polémico contrato con una empresa que, a pesar de haber sido creara con 20 días de antelación y no contar con experiencia verificable, recibió suman millonarias, al actual ministro también se le indaga por un presunto acto de nepotismo.
En el centro de la polémica se encuentra el nombramiento de Juan Pablo Nieto Egea, primo hermano de Palma, como gerente contable de Air-e en noviembre de 2024.
Según una verificación adelantada por la revista Cambio a través de registros civiles de los implicados, se comprobó que ambos comparten abuelos maternos.
Nieto Egea, contador público de la Universidad de La Salle, había trabajado previamente en la Alcaldía de Barrancabermeja y en el Concejo municipal, donde coincidió con el actual alcalde Jonathan Vásquez Gómez, investigado por la Fiscalía por presunta compra de votos. La designación de Nieto Egea en un cargo tan sensible generó inquietudes inmediatas sobre la legalidad del proceso y la transparencia en la gestión de recursos públicos.
Juristas consultados por el diario nacional sostienen que la designación viola el artículo 126 de la Constitución, que prohíbe a los servidores públicos nombrar familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Argumentan que, aunque el interventor no figura en la nómina estatal, la Ley 142 de 1994 le otorga la calidad de particular que ejerce funciones públicas, lo que lo convierte en autoridad pública temporal.
Por su parte, expertos en derecho administrativo señalaron al medio que la restricción constitucional aplica solo a servidores públicos por ley, pero admitieron que podría configurarse una inhabilidad para el contador al ser pariente del interventor, que actúa como representante legal de la empresa intervenida.
Por su parte, Edwin Palma defendió su gestión mientras estuvo al frente de Air-e, asegurando que actuó siempre bajo los lineamientos de una empresa privada, conforme a la naturaleza de la compañía.
“Él tiene mi apellido, sí, es un primo, pero el contador que tenía la empresa me tocó sacarlo porque me ocultó información, no me obedecía y me tocó poner a alguien de mi entera confianza. Eso no es irregular en una empresa privada. Para mí el contador era clave. Ahí sigue trabajando”, comentó el hoy ministro a Cambio.
Cifras maquilladas y uso de recursos públicos en Air-e
A la lista de problemas de Edwin Palma se suma las sospechas sobre la gestión de Nieto Egea, su primo, tras la aparición de documentos que evidenciarían una discrepancia en los reportes financieros de Air-e.
Según documentos obtenidos por el diario nacional, existe una certificación enviada por Nieto Egea a la Fiscalía el 16 de junio de 2025, en la que, como contador de la empresa, afirmó que los subsidios pendientes de pago por parte del Ministerio de Minas y Energía ascendían a solo 18 millones de pesos en septiembre de 2024.
Sin embargo, un diagnóstico de intervención firmado por Palma y Nieto Egea el 30 de noviembre de 2024 consignó que, al 31 de octubre de ese año, la cifra real era de 335.000 millones de pesos. Esta diferencia, según fuentes cercanas al proceso citadas por Cambio, podría haber servido para justificar la necesidad de recursos adicionales ante la Fiscalía y facilitar la obtención de préstamos y el uso de fondos públicos para contratos cuestionados.
El manejo de los recursos públicos durante la intervención también ha sido objeto de escrutinio. Entre octubre y diciembre de 2024, Air-e recibió un préstamo de 148.000 millones de pesos del fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Parte de estos fondos se destinó, en diciembre de 2024, al pago de 30.000 millones de pesos a Interaseo, empresa de William Vélez, en contra de la instrucción presidencial de no saldar deudas previas a la intervención.
Palma explicó a Cambio que simplemente ratificó un acuerdo de pago firmado por su antecesor y que, al hacerlo, ahorró recursos a la compañía y evitó demandas.
“El agente interventor que me antecedió había hecho un acuerdo con Interaseo, yo llego, lo reviso y lo cumplo. Yo como agente de interventor soy un servidor público y no iba a incurrir en un delito al meterme en ese pleito que mantenían los socios de Air-e con Interaseo y que ya había resuelto el agente interventor que me antecedió con ese acuerdo de pago. Fue un acuerdo a dos años, no sé en qué va. Yo simplemente llegué, ratifiqué el pago, le puse fecha y lo cumplí. Con eso, le ahorré recursos a la compañía porque era un acuerdo a menos del valor de la deuda. Incluso, ahorramos demandas”, señaló Palma.
La administración de Palma también enfrenta cuestionamientos por contratos adjudicados en condiciones irregulares. Investigaciones de La W Radio y El Tiempo revelaron que en febrero de 2025 se firmó el contrato C00132025 para el suministro de materiales eléctricos con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia – SEC, integrado mayoritariamente por Macro Integral Soluciones S.A.S., una empresa creada apenas 20 días antes de la adjudicación, con un capital de 20 millones de pesos y sin experiencia en el sector.
El contrato incluyó anticipos por 14.000 millones de pesos sin la entrega correspondiente de materiales y fue suspendido por el nuevo interventor tras detectarse órdenes de compra con sobrecostos.
Por su parte, Palma negó cualquier irregularidad y pidió a la Fiscalía que investigue con rapidez para evitar especulaciones infundadas. Justificó los anticipos como una medida necesaria para retener a los contratistas y aseguró que la selección de empresas correspondía al departamento de compras.
“Uno como agente interventor es un servidor público, pero una empresa de servicios públicos tiene régimen de contratación privada. Los contratistas que se quedaron era porque les prometimos anticipos y se los dimos. Gracias a eso los trabajadores se quedaron. Si le quitas los anticipos a los contratistas, se van y se quedan sin trabajo los trabajadores. Esas invitaciones las hacía el departamento de compras, yo no estoy enterado de eso. Los dos reparos que se han hecho a ese contrato es que no se hizo convocatoria, pero es que no se tenía que hacer porque es una empresa privada. Y, el otro reparo, es que se dieron anticipos, si eso no se hacía, que no iba a funcionar. Ojalá la fiscalía investigue rápido”, señaló el ministro a Cambio.
Palma sostiene que todos los recursos se invirtieron conforme a la ley y atribuye las denuncias a intereses de los antiguos dueños y de la nueva administración, a quienes acusa de promover “fuego amigo”.