En las calles del centro de Bogotá, la presencia de productos derivados de la hoja de coca —pomadas, cremas, bebidas y aceites— revela una paradoja: mientras la planta se transforma en artículos de consumo cotidiano, su comercialización y desarrollo permanecen atrapados en un vacío legal que el Gobierno de Gustavo Petro prometió resolver, pero que sigue sin solución.
La promesa de regular los usos alternativos de la coca, más allá del narcotráfico, se mantiene incumplida, según lo documentó Dejusticia.
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La situación jurídica de la coca en Colombia es singular. Por un lado, la planta se persigue como droga, pero al mismo tiempo se reconoce y protege su valor como patrimonio cultural en los usos tradicionales de las comunidades indígenas.
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La normativa vigente permite el autocultivo de hasta 20 plantas, aunque la regulación para usos médicos, científicos e industriales sigue ausente.
Esta ambigüedad ha generado obstáculos tanto para la investigación como para el desarrollo de productos legales, dejando a los emprendedores y científicos en un limbo.
Desde la década de los 80, el estatuto de estupefacientes autorizó los usos médicos y científicos de plantas como la coca, en línea con los tratados internacionales sobre drogas.
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Sin embargo, ningún gobierno ha establecido los mecanismos necesarios para hacer efectivos estos usos. El Gobierno de Petro intentó avanzar en este terreno al presentar, en dos ocasiones, un borrador de decreto destinado a regular los usos lícitos de la hoja de coca.
A pesar de estos esfuerzos, la iniciativa no se materializó y, a menos de un año del final del actual periodo presidencial, todo indica que la deuda histórica con los usos legales de la coca persistirá.
En noviembre de 2024, el Ministerio de Justicia publicó una segunda versión del borrador de decreto para regular los usos médicos, científicos e industriales tanto de la hoja de coca como de la amapola.
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Esta propuesta formaba parte de la agenda de drogas delineada en el Plan Nacional de Desarrollo y la Política Nacional de Drogas del Gobierno.
Aunque el borrador representaba un avance, presentaba limitaciones notables: restringía los usos permitidos a proyectos bajo la intervención de una entidad pública y no resolvía los problemas de comercialización de los productos derivados. Dejusticia subrayó que, a pesar de estas deficiencias, la adopción de una regulación era y sigue siendo necesaria para el país.
La falta de reglamentación ha tenido consecuencias directas en la investigación científica. Actualmente, solo existen tres permisos de investigación sobre la hoja de coca, otorgados a la Policía Nacional, el Sena regional Cauca y la Universidad de los Andes.
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Esta escasez de autorizaciones refleja las trabas burocráticas que enfrentan los proyectos de investigación, dificultando el acceso legal a la materia prima y limitando el desarrollo de nuevos productos como alimentos, abonos y textiles.
El último borrador de decreto contemplaba la protección de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas, a través de la consulta previa, en cualquier proyecto medicinal, científico o industrial que involucrara sus conocimientos sobre la planta.
Sin embargo, los usos tradicionales de la hoja de coca por parte de estas comunidades quedaron excluidos del borrador, debido a la necesidad de respetar el derecho a la consulta previa.
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La inacción del Gobierno en materia de regulación de la hoja de coca se suma a una serie de iniciativas legislativas y regulatorias que han quedado estancadas, como las relacionadas con el cannabis y la reducción de riesgos y daños.
Esta falta de coherencia resulta aún más evidente al comparar la postura internacional de Colombia —que ha impulsado una resolución histórica en las Naciones Unidas para exigir una evaluación independiente del sistema internacional de fiscalización de drogas y ha apoyado el proceso de revisión crítica de la prohibición de la hoja de coca iniciado por Bolivia— con la parálisis en el ámbito doméstico, donde las discusiones apenas alcanzan el nivel de borradores de decreto.
La ausencia de una regulación efectiva sobre los usos científicos, medicinales e industriales de la hoja de coca representa una oportunidad perdida para mostrar al mundo el potencial de la planta más allá de la producción de cocaína.
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Como señala Dejusticia, “la falta de compromiso de este gobierno con la agenda regulatoria en materia de drogas es preocupante y lo único que ha dejado a su paso son oportunidades pérdidas”.