El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia se prepara para dar a conocer un expediente de cerca de 8.000 folios y un proyecto de resolución de casi 600 páginas, resultado de una investigación que marcó un hito en la historia política del país. Por primera vez, una pesquisa por violación de topes electorales y financiación prohibida alcanza esta etapa respecto a la campaña presidencial de un mandatario en ejercicio, en este caso, Gustavo Petro. La decisión definitiva podría presentarse ante la sala plena de la entidad la última semana de agosto de 2025.
El proceso, que se extendió durante casi dos años y medio, implicó la recolección y análisis de cerca de 150 pruebas, muchas de ellas solicitadas tanto por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada como por las defensas de los investigados. La indagación se centra en la campaña que llevó a Petro a la presidencia en 2022 y apunta a una presunta violación de los límites legales de gasto electoral, así como a la utilización de fondos prohibidos.
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De acuerdo con fuentes de alto nivel citadas por Semana, el proyecto de decisión contempla sanciones económicas para el entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la auditora María Lucy Soto Caro; y la tesorera Lucy Aydeé Mogollón. Aunque Mogollón declaró ante el CNE que fue apartada de sus funciones por Roa, que habría delegado el manejo financiero en Sebastián Caicedo, hermano de su pareja Julián Caicedo, la tesorera no logró evitar la responsabilidad administrativa y también sería sancionada.
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La ponencia final también responsabiliza a los partidos Colombia Humana, fundado por Gustavo Petro y que lo avaló en 2022, y a la Unión Patriótica. El monto de la presunta violación de los topes electorales se estima en $3.000 millones, de los cuales $2.500 millones corresponderían a la primera vuelta de mayo de 2022 y $500 millones a la segunda. Esta cifra representa una reducción de $2.000 millones respecto a la estimación inicial de los magistrados en mayo de 2024, cuando se hablaba de $5.355 millones en exceso, con $3.709 millones en la primera vuelta y más de $1.646 millones en la segunda.
A pesar de que los defensores de los investigados solicitaron y obtuvieron la práctica de todas las pruebas posibles, sus argumentos no lograron desvirtuar los cargos. Uno de los puntos más controvertidos, el uso de un avión comercial de la empresa de criptomonedas Daily Cop, implicada en estafas a decenas de colombianos, por parte del entonces candidato Petro y el actual ministro del Interior Armando Benedetti, no pudo ser plenamente esclarecido.
La empresa Sadi de Ibagué, que controlaba la aeronave de matrícula HK 5328, aportó pruebas insuficientes para confirmar la acusación. Ómar Hernández, vinculado a Daily Cop, declaró desde prisión que se reunió con Roa para acordar la entrega de una suma millonaria a Sadi para la compra del avión, pero no presentó documentación que lo respaldara. Tampoco fue posible obtener la versión de Carlos Eduardo Restrepo, alias Caco, entonces representante legal de Sadi, actualmente preso en Estados Unidos por narcotráfico.
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La ponencia definitiva recomienda que Ricardo Roa, Lucy Aydeé Mogollón, María Lucy Soto, Colombia Humana y la Unión Patriótica sean sancionados económicamente y devuelvan al Estado más de $3.500 millones provenientes de fuentes prohibidas. Además, los directivos de la campaña deberán reintegrar $150 millones utilizados para alquilar el Movistar Arena en Bogotá la noche del 19 de junio de 2022, cuando Petro celebró su victoria. El pago de $100 millones se realizó con la tarjeta de crédito de Roa, aunque el contrato ascendía a 250 millones, y el resto fue cubierto por una persona jurídica.
El CNE determinó que este gasto no podía considerarse parte de la campaña, ya que se efectuó después de las elecciones. Existe la posibilidad de que el tribunal electoral remita copias a la Fiscalía para investigar a Roa por presuntamente haber mentido y beneficiado al Estado con los $100 millones que él pagó.
El debate jurídico sobre la vigencia de la investigación también figura en la ponencia. Algunos de los implicados sostienen que la acción administrativa prescribió el 19 de junio de 2025, al cumplirse tres años de la segunda vuelta presidencial. No obstante, el proyecto de resolución argumenta que los plazos se extendieron debido a la presentación y resolución de seis recusaciones —cuatro contra Álvaro Hernán Prada y dos contra Alba Lucía Velásquez— y a la demora de casi cuatro meses de la Sala de Consulta del Servicio Civil en definir si el CNE tenía competencia para investigar la campaña del Pacto Histórico. Por este motivo, el proceso podría prolongarse hasta octubre o incluso diciembre de 2025, según abogados consultados por el medio citado.
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