La saturación hospitalaria en el Valle del Cauca ha provocado un incremento notorio de episodios violentos en clínicas y centros médicos. Según la Secretaría de Salud departamental, entre enero y julio de 2025 se presentaron 27 agresiones físicas y verbales contra personal de salud, contexto que ha encendido las alarmas entre las autoridades regionales.
El fenómeno tiene su origen en la persistente emergencia sanitaria. Algunos hospitales del departamento operan hasta al 300% de su capacidad, recibiendo hasta 300 pacientes en instalaciones diseñadas solo para 100. Esta situación genera demoras sustanciales en la atención, incomodidades y frustración tanto en usuarios como en trabajadores del sector salud.
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La titular de la Secretaría de Salud y gobernadora encargada del departamento, María Cristina Lesmes, explicó que el clima tenso responde a un “problema de la sociedad de este país”, marcado por “irrespeto a la autoridad” y la falta de cultura ciudadana. Lesmes recalcó que la labor en salud implica garantizar la vida y debe respetarse, tanto en las condiciones de la infraestructura como en el esfuerzo humano dedicado por médicos, enfermeros y administrativos.
En este ambiente de crisis, la misión médica (equipos conformados por profesionales de la salud, auxiliares y personal de apoyo) se ha convertido en el blanco de agresiones que derivan en lesiones, amenazas y ataques de diversa índole. Las cifras oficiales señalan que el crecimiento en la sobreocupación hospitalaria coincide con el aumento de incidentes violentos, como reflejan los reportes de hospitales en municipios de Jamundí, La Unión y Riofrío.
Lesmes denunció que la respuesta institucional incluye la presentación de denuncias ante los entes judiciales y el Ministerio de Salud, pero enfatizó que la solución exige una transformación cultural: “Hacemos las denuncias pertinentes, pero eso no soluciona nada si no hay conciencia y respeto por la autoridad”, afirmó.
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Insistió en la importancia de respetar y proteger la misión médica, recordando que estos profesionales “no son el enemigo” y que atacarlos sólo frena la atención y deteriora el sistema del que depende toda la población.
El complejo panorama hospitalario del Valle del Cauca se ha visto agravado por las deudas acumuladas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con los hospitales. Solo la Nueva EPS mantiene una deuda estimada de 6.000 millones de pesos, situación que ha forzado el cierre temporal de servicios de urgencias, como ocurrió recientemente en Palmira. A esta coyuntura se suma el agotamiento progresivo del talento humano sanitario, sometido a jornadas extenuantes y presión asistencial constante.
La Asociación de Hospitales Públicos del Valle advierte sobre el aumento de reclamos y enfrentamientos diarios en las salas de urgencias, incluso algunos protagonizados por personas bajo efectos de alcohol o drogas, lo que pone en riesgo la seguridad y la integridad del personal. La presión de los usuarios, unida a la insuficiencia de recursos y la saturación hospitalaria, ha incrementado el riesgo de deserción y afectado la calidad de la atención prestada.
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Para contrarrestar estos hechos, la Gobernación del Valle anunció un refuerzo en las medidas de seguridad, en articulación con instituciones médicas y la Fiscalía, con el objetivo de proteger al personal que atiende bajo condiciones adversas. Se recordó a la ciudadanía que la misión médica está amparada por el Derecho Internacional Humanitario, por lo que cualquier ataque contra estos equipos constituye un delito.
La región permanece en alerta debido al colapso de servicios críticos y la amenaza constante de nuevas interrupciones por falta de recursos. Ante este panorama, la voz institucional reitera la necesidad de preservar la vida y la función del personal médico. “Debe respetarse la infraestructura, las instituciones y, sobre todo, el esfuerzo humano que eso implica”, subrayó Lesmes.