El presidente Gustavo Petro calificó como “un abuso a la libertad de prensa” la decisión del Consejo de Estado de suspender la directiva presidencial que destinaba el 33% de la pauta estatal a medios comunitarios e independientes.
Según el jefe de Estado, un magistrado no puede decir con que medio puede pautar el Gobierno nacional.
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Además, afirmó que la libre expresión y la libertad de fundar medios de comunicación en Colombia son “derechos fundamentales” en Colombia.
“Esto es un abuso a la libertad de prensa Un magistrado no puede decirnos con que medio pautar. La libre expresión y la libertad de fundar medios de comunicación en Colombia son derechos fundamentales”, indicó Petro.
Detalles del fallo del Consejo de Estado
El Consejo de Estado suspendió la aplicación de una directriz presidencial que establecía que el 33% de la publicidad oficial debía asignarse, de manera obligatoria, a medios alternativos y comunitarios.
Esta decisión judicial respondió a una demanda interpuesta contra la Directriz 11 de la Presidencia, la cual reservaba una parte importante del presupuesto de pauta institucional de entidades tanto nacionales como territoriales para esos medios.
La corporación judicial concluyó que esta normativa vulneraba pilares esenciales de la contratación pública en Colombia, entre ellos la imparcialidad en la selección de contratistas, la igualdad de oportunidades, la libre competencia y normas consagradas en la ley anticorrupción.
El pronunciamiento del Consejo de Estado remarcó que el establecimiento de cuotas fijas en favor de ciertos tipos de medios recorta la capacidad del Estado para elegir libremente, con base en criterios de idoneidad, mérito y conveniencia respecto al interés general.
La decisión judicial fue respaldada por argumentos presentados por la Fundación para el Estado de Derecho, entidad que alertó sobre la falta de transparencia y las denuncias vinculadas al uso de estos recursos.
Según el director de esta organización, Andrés Caro, la directriz restringía la posibilidad de un proceso competitivo en la contratación pública y obligaba a adjudicar contratos a un grupo previamente determinado de proveedores, lo cual recorta la diversidad de propuestas y la búsqueda de alternativas más provechosas para la administración y la ciudadanía.
El fallo judicial también abordó preocupaciones sobre el uso de la pauta oficial, que en algunos casos habría sido canalizada hacia actividades como la realización de encuentros con influencers, en lugar de promover el fortalecimiento sostenible y real de medios comunitarios.
Según la Fundación para el Estado de Derecho, esta práctica genera interrogantes sobre la transparencia y la eficacia en la distribución de los fondos públicos asignados para comunicación gubernamental.
Los demandantes reconocen la importancia de respaldar a medios alternativos y comunitarios e incluso a nuevas figuras de comunicación digital, pero subrayan que este objetivo no debería traducirse en privilegios ni reglas excepcionales que limiten la competencia y contravengan principios y leyes que rigen la contratación pública en el país.
La suspensión de la Directriz 11 refleja la relevancia de mantener parámetros equitativos y competitivos en la adjudicación de contratos estatales, evitando la concentración de recursos en sectores específicos mediante obligaciones legales que excluyan o restrinjan la participación de otros proveedores.
El Consejo de Estado recordó que toda la contratación estatal debe ceñirse a criterios de interés general y al cumplimiento estricto de la ley, sin que causas consideradas legítimas puedan justificar el apartamiento de las reglas generales diseñadas para proteger el erario y garantizar la mejor oferta para las entidades públicas.
Juan Diego Alvira, periodista reconocido en Colombia, emitió un mensaje dirigido a quienes ejercen el periodismo en el país, tanto a profesionales con experiencia como a quienes inician su carrera.
Su llamado se dio en medio de un contexto marcado por la presencia creciente de influencers en la comunicación política del Gobierno Petro y la controversia por la licitación del Canal Uno, temas que han puesto nuevamente en debate el rol de los medios tradicionales.