El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (Fasol) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopte medidas cautelares en favor de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien ordenó una condena de doce años de detención domiciliaria para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La petición busca salvaguardar la vida y seguridad de la magistrada.
En ese sentido, Claudia López, candidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, expresó en su cuenta de X su rechazo a la detención domiciliaria de Álvaro Uribe tras la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH para la jueza Sandra Heredia. En su publicación afirmó: “Su casa no es cárcel, es otra Oficina”.
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En un comunicado, el Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano señaló que la jueza responsable del caso contra el expresidente, declarada culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal, ha enfrentado presiones, campañas de desprestigio y amenazas contra su vida.
Frente a esta situación, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, cuestionó la efectividad de la medida que dispuso la detención domiciliaria para Álvaro Uribe. López subrayó los riesgos enfrentados por la jueza Sandra Heredia, advirtiendo que persisten las amenazas y acciones intimidatorias.
En su cuenta de X, López enfatizó que la reclusión en el domicilio no limita realmente las actividades de Uribe y expresó su preocupación por la falta de garantías de seguridad y justicia para quienes participan en procesos judiciales contra el exjefe de Estado.
“La jueza Sandra Heredia y todos los servidores, abogados y periodistas que destapan los crímenes de Álvaro Uribe están en alto riesgo. ¿De qué sirvió condenarlo y encarcelarlo si sigue haciendo política, publicando, intimidando y amenazando? Su casa no es cárcel, es otra Oficina”, escribió en su mensaje de la red social X la excongresista.
Días atrás, al conocerse la sentencia en primera instancia contra Álvaro Uribe, Claudia López destacó que el proceso se desarrolló con garantías y pruebas, e instó a que la decisión judicial se mantenga y no quede sin efecto por dilaciones.
“Álvaro Uribe ha sido condenado a 12 años de cárcel con derecho a prisión domiciliaria, en un proceso originado por su propia solicitud, con plenas garantías y pruebas. Que Uribe no sea otro más que queda libre por vencimiento de términos. Que el Tribunal tome una decisión definitiva en segunda instancia. Ese es su derecho y sobre todo ese es el derecho de Colombia, y en particular de los 10 millones de víctimas”, dijo López en su cuenta de X.
En cuanto a la petición de Fasol en un comunicado dijeron lo siguiente: “Colombia debe saber que la violencia contra el poder judicial no ha cesado: en los últimos tres años cada nueve días ha habido un ataque contra jueces, fiscales y empleados y ese contexto de barbarie creado por diferentes actores violentos ha significado 1.487 episodios consistentes en asesinatos, desapariciones forzadas secuestros, amenazas y exilios con un trasfondo que busca obstruir la acción de la justicia, lo cual quedó debidamente acreditado en el informe final de la Comisión de la Verdad”.
También advirtieron que la agresión hacia el sistema judicial colombiano se mantiene y que las acciones reiteradas en contra de jueces y personal judicial buscan interferir y dificultar el funcionamiento de los tribunales, según lo registrado por la Comisión de la Verdad.
“Esta solicitud de protección se presenta con ocasión de la arremetida intimidante de que ha sido y sigue siendo víctima la jueza Heredia Aranda que en un contexto de mensajes de odio aupado por la polarización política que vive el país puede constituir el principio de cumplimiento de las amenazas que a través de diferentes medios ha recibido y que buscan en el fondo amordazar a la justicia a fin de que no se investiguen y sancionen las conductas punibles cometidas por encumbrados personajes de la política nacional”, agregaron.