En una operación marítima de alto impacto, la Armada de Colombia logró interceptar una embarcación que transportaba más de 346 kilogramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en más de 16 millones de dólares, evitando así que cerca de 800.000 dosis de droga llegaran a las calles de distintos países.
El operativo tuvo lugar a 10 millas náuticas al noreste de Isla Gorgona, donde unidades de la Fuerza Naval del Pacífico detectaron una lancha tipo Go Fast navegando de forma sospechosa. Gracias a información de inteligencia, se desplegó una Unidad de Reacción Rápida (URR) desde la Estación de Guardacostas de Buenaventura, la cual emprendió una persecución de más de cinco horas por aguas del Pacífico colombiano.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
“La embarcación fue interceptada luego de varias maniobras evasivas”, explicó el capitán de corbeta Camilo Larrota, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura. “Tras ser detenida, se verificó que era tripulada por dos sujetos de nacionalidad colombiana. Al inspeccionarla, encontramos un doble fondo que levantó sospechas de ocultamiento de sustancias ilícitas”.
La lancha fue remolcada hasta el Distrito Especial de Buenaventura, donde se procedió a cortar las láminas del casco. En su interior fueron encontrados 350 paquetes rectangulares, característicos del narcotráfico, y varios envases plásticos adaptados para transportar alcaloides, una técnica que evidencia una nueva modalidad de camuflaje en altamar.
Además del cargamento de cocaína, también fueron decomisados 180 galones de gasolina procesada y equipos de comunicación satelital, usados para coordinar la ruta marítima con organizaciones criminales transnacionales.
Personal especializado de la Policía Nacional, mediante una Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph), confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. Los dos capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.
Este exitoso golpe al narcotráfico refleja una creciente sofisticación en las operaciones ilícitas en el Pacífico. “Estamos viendo cómo las organizaciones criminales adaptan nuevos métodos de ocultamiento para eludir los controles marítimos. Sin embargo, la Armada mantiene su compromiso con la seguridad y el bienestar de los colombianos”, enfatizó el capitán Larrota.
La Armada de Colombia reiteró su llamado a la comunidad para que colabore con las autoridades denunciando cualquier actividad sospechosa relacionada con economías ilegales, a través de la línea gratuita 146, disponible las 24 horas del día.
Destrucción de 71 laboratorios en el Pacífico nariñense
En paralelo, la Armada desplegó una ofensiva de gran escala en el departamento de Nariño, donde fueron ubicadas y destruidas 71 infraestructuras ilegales dedicadas a la producción de pasta base de coca, principal insumo del narcotráfico.
Las operaciones se concentraron en los municipios de El Charco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé, y contaron con el despliegue de unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 4.
En los laboratorios se encontraron más de tres toneladas de insumos sólidos, más de 31.000 galones de insumos líquidos, 32 kilogramos de pasta base de coca y once lanchas, utilizadas para el transporte de sustancias ilícitas.
De acuerdo con la Inteligencia Naval, estas infraestructuras pertenecían al GAOR Alfonso Cano y a las estructuras Iván Ríos y Rafael Aguilera, organizaciones criminales que dependen del narcotráfico para financiar acciones contra la fuerza pública y comunidades vulnerables del suroccidente del país.
Más allá del impacto operativo, las autoridades alertaron sobre el grave daño ambiental causado por estas infraestructuras. Cada laboratorio implica la intervención de al menos una hectárea de ecosistema natural, y los residuos químicos empleados son vertidos directamente en ríos y suelos, generando una afectación ambiental irreparable.
En términos financieros, la Armada estima que esta operación afectó en más de 111 millones de dólares las economías ilegales de estas organizaciones.
PUBLICIDAD