El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, solicitó a la Fiscalía General de la Nación medidas urgentes y un tratamiento prioritario en la investigación penal contra el excanciller Álvaro Leyva, por presunta conspiración, instigación a delinquir, menoscabo de la integridad nacional, calumnia agravada e injuria.
La petición busca garantizar celeridad y especialidad en un caso que, según la representación judicial del presidente, afecta directamente la dignidad y funciones de la Presidencia de la República.
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Carranza explicó que la denuncia penal contra Leyva, no ha recibido avances claros.
“Tras más de un mes, no se ha informado sobre la asignación de un fiscal ni sobre el estado procesal de la investigación, lo que limita el ejercicio efectivo de los derechos de la víctima institucional”, señaló el abogado.
El escrito enfatiza que la combinación de la presencia de Leyva en la sala ardiente del senador Miguel Uribe Turbay y la divulgación en redes sociales de la denuncia ha generado hostilidad hacia el presidente y una percepción pública más benigna de las conductas atribuidas al excanciller.
Según Carranza, este hecho revictimizó a la familia del senador fallecido y distorsionó la naturaleza del proceso judicial.
Entre las solicitudes procesales se pide la asignación inmediata del expediente a un fiscal con competencia en delitos contra la administración pública o delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con un enfoque diferenciado que contemple celeridad reforzada, imparcialidad absoluta y protección a la víctima institucional.
Además, se solicita la práctica urgente de inspección judicial para recolectar la grabación original y la copia certificada de la declaración rendida por Leyva el 29 de julio de 2023, garantizando la preservación de la cadena de custodia y su incorporación como elemento probatorio.
“El manejo mediático de la denuncia, sin notificación previa a la víctima institucional y sin información sobre los actos investigativos, erosiona la legitimidad de la actuación penal y vulnera de manera grave la reserva sumarial y la protección de la información sensible”, advirtió el abogado en el documento presentado ante la fiscal general Luz Adriana Camargo.
Investigación preliminar y denuncias adicionales
“A las semanas de la carta en la que Leyva insinúa la posibilidad de una tragedia, el senador Miguel Uribe Turbay (…) fue víctima de un atentado atribuido a la disidencia de las Farc comandada por Iván Márquez”, sostiene la denuncia penal presentada por el abogado Alejandro Carranza en representación del presidente Gustavo Petro.
Este documento detalla los argumentos que sustentan la apertura de la investigación penal contra el excanciller, a quien acusan de supuestamente conspirar para desestabilizar al Gobierno Nacional.
Según fuentes de la Fiscalía, la investigación se originó a partir de dos denuncias formales: la primera, interpuesta hace aproximadamente un mes por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero; la segunda, presentada por el propio presidente Petro a través de su abogado.
Ambas fueron asignadas a un fiscal especializado en delitos de corrupción, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal formal contra Leyva, quien abandonó su cargo tras desacuerdos con el mandatario.
Los documentos entregados a la Fiscalía sostienen que Leyva habría articulado un plan para “conspirar en contra del Gobierno nacional” con el objetivo de provocar una crisis institucional.
En la denuncia se afirma que estas acciones formaban parte de una “conspiración blanda”, donde el discurso político y las cartas enviadas por el excanciller podrían haber generado conductas punibles que afectaran el hilo constitucional.
Como parte de las pruebas, se anexaron audios en los que Leyva discute un supuesto plan para derrocar al presidente y menciona contactos con distintos gremios y actores armados.
La vicepresidenta Francia Márquez solicitó a la Fiscalía investigar el origen de la grabación, asegurando que no participó en la conversación.
Carranza argumenta que las cartas enviadas por Leyva “anticiparon una narrativa de violencia política conectada con el atentado del senador Miguel Uribe Turbay” y señala un contacto directo del excanciller con la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez.