Uspec rechazó señalamientos por presuntas irregularidades en contrato de más de $17.0000 millones: “No cederemos ante presiones externas”

El 31 de julio de 2025, la Procuraduría General de la Nación recibió una denuncia formal contra dos funcionarias de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), lo que desató una nueva controversia sobre los procesos contractuales en el sistema penitenciario.

La denuncia señala a Carmen Simijaca, directora de Logística, y a Tania Buitrago, subdirectora de Suministro de Bienes, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato superior a los $17.000 millones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El objeto del contrato es la adquisición de equipos de seguridad penitenciaria, con el fin de modernizar elementos obsoletos usados actualmente en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Sin embargo, según el denunciante, el proceso de contratación habría sido manipulado para favorecer a un único proveedor, mediante exigencias técnicas excluyentes.

En palabras del documento entregado al Ministerio Público, se acusa a la Uspec de haber “inventado una especificación técnica de un escudo que no existe en Colombia ya que solamente hay una empresa que posee los moldes para su fabricación, lo cual vicia el procedimiento desde su origen, excluyendo injustificadamente a productores nacionales debidamente registrados ante el Estado y en la particularidad de lo que se requiere”.

También se señala que el pliego técnico del contrato exigió “un medidor de humedad en el filtro de máscaras, requisito no evaluado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (Niosh, por sus siglas en inglés), generando así sobrecostos superiores al 100%”.

Se espera que en los próximos días se realice el reparto interno para establecer si hay mérito suficiente para abrir una indagación preliminar, mientras la denuncia también podría ser remitida a la Fiscalía General de la Nación.

La respuesta de la Uspec

Ante la polémica desatada por la denuncia y su eco en algunos medios de comunicación, la Uspec difundió un comunicado el 6 de agosto de 2025, en el cual expresa un rechazo contundente a las acusaciones y señala que se están vulnerando derechos fundamentales de sus funcionarios sin que exista una investigación formal en curso.

“La entidad manifiesta su rechazo categórico a la difusión de información sin verificación, sin contexto y sin el debido respeto por los derechos fundamentales al buen nombre, la intimidad y la presunción de inocencia de los servidores públicos mencionados, quienes hasta la fecha no han sido notificados de investigación o actuación alguna por parte de ninguna autoridad competente”, sostiene el documento oficial.

Además, la entidad defendió la legalidad y transparencia de sus procesos, afirmando que estos se ajustan plenamente a los marcos legales establecidos. “Desde la Uspec reiteramos que todos nuestros procesos contractuales se adelantan con estricto apego a los principios de transparencia, legalidad, objetividad y responsabilidad, de conformidad con la normatividad vigente”.

En cuanto al diseño técnico del contrato, la Uspec aseguró que las especificaciones técnicas respondieron a criterios y estándares internacionales: “Las especificaciones técnicas adoptadas responden a criterios de idoneidad, necesidad del servicio y estándares internacionales, y están orientadas exclusivamente a garantizar la protección, el bienestar y la integridad del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, que es nuestro cliente final”.

Asimismo, se cuestiona el origen y motivación de las denuncias: “Preocupa profundamente que este tipo de denuncias provengan de actores del sector que, movidos por intereses particulares, intentan desprestigiar la labor institucional mediante estrategias de desinformación”.

Finalmente, la Uspec defendió el modelo técnico que actualmente impulsa, el cual busca ampliar la participación de oferentes en condiciones equitativas. “Reiteramos además que el modelo técnico adoptado por la entidad busca superar esquemas cerrados y restrictivos, fomentando una competencia abierta, plural y objetiva, en la que puedan participar diversos oferentes en igualdad de condiciones, y en beneficio del sistema penitenciario nacional”.