El abogado Miguel Ángel del Río, representante de las víctimas en el proceso penal que se adelantó en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, añadió un “triunfo” en su carrera profesional luego de que la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenara al exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El fallo de primera instancia que profirió establece una pena privativa de la libertad de 12 años en su domicilio en Rionegro (Antioquia), además del pago de una millonaria multa (2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 100 meses y 20 días.
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Pese a las críticas de varios sectores políticos y de algunos profesionales en Derecho, Del Río defiende y respalda la decisión tomada por la togada, así como el trabajo realizado por los abogados intervienes en la representación de las víctimas. “Es el triunfo más grande de mi carrera, indudablemente. Creo que se ha hecho un trabajo muy riguroso”, indicó el abogado, en conversación con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva.
La condena y las pruebas controvertidas
Con respecto a las críticas que han surgido sobre el proceso penal y el fallo condenatorio de la jueza, indicó que la pena privativa de la libertad establecida, aunque supera los nueve años que solicitó la fiscal del caso Marlenne Orjuela, es adecuada. Según expuso, la jueza Sandra Liliana Heredia decidió incrementar la pena debido a que Álvaro Uribe ejerció la Presidencia de Colombia, aspecto que, a su juicio, no debe ser ignorado para la definición de la sanción.
Además, según expuso la togada en la sentencia condenatoria, la conducta en la que incurrió el ex jefe de Estado “reviste de una gravedad colosal”, debido a que logró distorsionar la verdad, hacer incurrir en errores a funcionarios de las altas cortes y señalar a terceros que no tuvieron nada que ver en los hechos.
“La juez tuvo un criterio que me pareció bien importante y era el siguiente: ella advierte que Álvaro Uribe Vélez, como expresidente, tenía una dignidad diferente. Y en ese sentido, su posición y su reproche desde el punto de vista penal debía ser superior”, explicó Del Río en el programa de entrevistas.
Otro de los cuestionamientos que han elevado los allegados y seguidores del exmandatario se centra en la aceptación de ciertas pruebas que, a su juicio, eran ilegales. Se trata de interceptaciones a su línea telefónica, que fueron incluidas en el proceso penal, pese a que se realizaron por error y en medio de una investigación que pesaba sobre el representante Nilton Córdoba Manyoma, hoy condenado por el Cartel de la Toga.
Entre las conversaciones interceptadas se incluyen algunas entre el expresidente Uribe y su exabogado Diego Cadena. Al escuchar, divulgar y utilizar como pruebas estos diálogos, se vulneró el secreto profesional que cobija a los abogados y sus clientes. En ese sentido, según el mismo ex jefe de Estado, su defensa y quienes lo respaldan, las interceptaciones fueron ilegales y no debieron ser tenidas en cuenta en el proceso penal.
Sin embargo, de acuerdo con Del Río, aunque las conversaciones entre cliente y abogado están protegidas constitucionalmente, este blindaje se desdibuja cuando hay posibles crímenes de por medio. “Cuando dentro de esas conversaciones se presume la existencia de unos delitos, pues desaparece esa protección legal y finalmente la gente tiene que ser sancionada. Si eso se da en ese proceso o en cualquier otro, yo estaría completamente de acuerdo”, precisó.
Añadió: “Cuando uno está convencido de lo que es, de lo que sabe, del análisis riguroso de la ley, pues le pueden venir encima todas las personas de este mundo”.