Colombia prepara una renovación a fondo de su sistema de políticas sociales con la anulación del Sisbén, la herramienta utilizada durante más de tres décadas para gestionar la entrega de subsidios y ayudas oficiales.
El cambio, liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se implementará con la creación del Registro Universal de Ingresos (RUI), un modelo que introduce una lógica distinta para identificar a los hogares en condición de vulnerabilidad y distribuir los apoyos estatales.
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La transformación oficial fue confirmada por el Gobierno nacional y se desarrolla en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo vigente hasta 2026.
En este nuevo escenario, la estratificación socioeconómica dejará de ser la base del acceso a subsidios, y será reemplazada por el análisis de los niveles reales de ingreso de la población.
Así se busca optimizar el uso de los recursos públicos, eliminar irregularidades y asegurar que los apoyos lleguen exclusivamente a quienes presentan una real necesidad.
El Registro Universal de Ingresos (RUI) operará como principal plataforma de identificación y clasificación de los hogares colombianos, utilizando información proveniente de registros administrativos, declaraciones voluntarias de los mismos hogares y datos tributarios suministrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
A diferencia del Sisbén, cuyo criterio principal ha sido el estrato urbano o rural determinado por las condiciones de la vivienda y su entorno, el RUI se basará en el monto real de ingreso del hogar. La información será recolectada a partir de los Registros Sociales de Hogares (RSH) y de la autodeclaración, con validación de los datos suministrados por diferentes entidades oficiales.
El DNP tendrá la obligación de consolidar y operar este sistema, mientras que la Dian se comprometerá a compartir la información de las declaraciones tributarias, aduaneras, cambiarias y de facturación electrónica, con el fin de construir un perfil mucho más exacto de las condiciones económicas de cada familia en el país.
Uno de los elementos clave del nuevo sistema es la eliminación progresiva de los estratos como criterio para la entrega de subsidios, tales como los de servicios públicos domiciliarios.
Hasta ahora, cerca de 3,5 millones de hogares reciben dicho apoyo en función exclusiva de su estratificación, sin consideración detallada sobre sus ingresos o condiciones de pobreza.
Con el RUI, el Estado espera mejorar la precisión en la relación de los beneficiarios y erradicar los casos en los que personas con ingresos suficientes acceden a subsidios destinados a población vulnerable. Además, se prevé un mayor control y seguimiento a la entrega de ayudas como la Renta Ciudadana y la devolución del IVA, fortaleciendo la transparencia y la equidad.
El nuevo registro también busca cerrar brechas y adecuar las políticas públicas a las necesidades sociales del país, dejando atrás prácticas que permitían la permanencia de usuarios en el sistema de subsidios, pese a ya no cumplir los requisitos de vulnerabilidad.
El RUI se convertirá en la referencia obligatoria para el acceso a cualquier beneficio social. Sin embargo, la permanencia o el retiro de los hogares de los programas dependerá de las condiciones que fije cada entidad ejecutora, de acuerdo con lineamientos propios, alcance y capacidad presupuestal.
Las entidades encargadas de los programas sociales cumplirán con la obligación de establecer criterios adicionales para identificar, mantener o excluir beneficiarios, atendiendo también a sus realidades y recursos, pero sin que ello sea excluyente respecto al criterio del ingreso.
En la práctica, la clasificación del RUI será neutral respecto al acceso, permanencia o salida de los programas. Estas definiciones corresponderán a las entidades titulares de cada iniciativa, como Prosperidad Social, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Educación o las secretarías municipales.
Detalles del proceso de transición
El tránsito del Sisbén al RUI involucra un conjunto de acciones concretas. Las entidades públicas y también las privadas con funciones públicas deberán:
- Realizar un análisis del impacto de la clasificación del RUI sobre la población beneficiaria.
- Identificar a los colectivos que serán sujetos de la transición y definir criterios de ingreso, permanencia y egreso.
- Determinar mecanismos y plazos para la adopción del nuevo modelo.
- Establecer puntos de corte conforme a las características y regulaciones de cada programa o subsidio.
La asistencia técnica del DNP será esencial para que cada entidad ajuste sus bases de datos y perfiles de usuario, revise los listados de beneficiarios y actualice la focalización de sus ayudas. Este acompañamiento abarcará la definición de criterios de entrada, permanencia y salida, así como el diseño y ajuste de la oferta social.
El cambio no será inmediato: la socialización del nuevo esquema deberá implementarse entre el inicio del segundo semestre de 2025 y el cierre del primer semestre de 2026.
La transición total culminará después del segundo trimestre de 2026, lapso tras el cual toda nueva asignación de subsidios deberá gestionarse de acuerdo con la información suministrada por el RUI.