“Estoy listo para comparecer ante las autoridades pertinentes y aportar las pruebas que tengo para corroborar la información.” Con esta declaración, el sargento (r) Chala desafió públicamente al ministro Pedro Arnulfo Sánchez en medio de la controversia por la filtración de supuestos chats comprometedores, según el propio Chala, que compartió los pantallazos de las conversaciones que el funcionario habría sostenido, en la app Signal, con Eduardo Zapateiro, exgeneral del Ejército.
El militar en retiro solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema que se inicie “a la mayor brevedad una indagación preliminar con los mensajes que he publicado en mi red social X, desde donde se pueda revisar, verificar, confrontar y certificar que dichos chats de la aplicación Signal y los números telefónicos allí expuestos pertenecen a las dos personas mencionadas anteriormente: Pedro Arnulfo Sánchez y Eduardo Enrique Zapateiro”.
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Chala afirmó que “no soy yo quien tiene que darle explicaciones al país ni a los 11 millones de personas que votamos por el presidente Gustavo Petro. Es usted quien debe aclarar ante la Fiscalía General de la Nación la veracidad de los chats y sus implicaciones legales”.
En su mensaje, Chala rechazó cualquier intento de vincular a las fuerzas militares en el escándalo: “Lo invito a que deje de lado el discurso de falso patriotismo y de rompimiento del orden constitucional. Aquí, el único implicado en las conversaciones es usted; las fuerzas militares no tienen nada que ver. No se equivoque”, advirtió el sargento
“Mi autoridad y credibilidad en la defensa de este gobierno jamás han sido puestas en duda. Usted, ministro, en cambio, se encuentra bajo un serio cuestionamiento y tiene la obligación de demostrar su inocencia. Nos vemos en los estrados judiciales”, añadió.
El anuncio del ministro Pedro Sánchez
Horas antes, Sánchez anunció que acudirá a instancias judiciales para responder a una serie de acusaciones que circularon recientemente en redes sociales y grupos de exintegrantes del Ejército Nacional, en las que se le señala de supuestos actos de corrupción y traición al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El caso tomó fuerza la mañana del 2 de julio, cuando comenzaron a compartirse en plataformas de mensajería y redes sociales supuestos chats en los que, presuntamente, Sánchez y el general (r) Eduardo Enrique Zapateiro habrían participado en negociaciones irregulares para favorecer a terceros con contratos de la cartera de Defensa. En las capturas de pantalla divulgadas, se observa una conversación que alude a visitas al comando general y a la estatal Indumil, así como a supuestos acuerdos que —según los mensajes— se tramitarían sin conocimiento de la Presidencia.
“Las acusaciones infundadas y calumniosas que me vinculan con supuestos actos de traición al Gobierno y corrupción, no solo mancillan mi honor y reputación, sino que también constituyen un grave intento de desestabilizar a las Fuerzas Armadas y socavar la confianza entre estas y el Presidente de la República”, escribió en su cuenta de X el ministro de Defensa.
El jefe de la cartera mencionada tildó de inaceptable la situación que afronta por las denuncias en su contra, mismas que considera, no tienen ningún tipo de fundamento.
“En momentos de gran complejidad y volatilidad para el país, es inaceptable y también un agravante, que se lancen acusaciones sin fundamento con el fin de generar división, caos e incluso odio y violencia”.
Chats anónimos y contexto de tensión
Aunque las publicaciones anónimas se limitan a mostrar tres capturas de pantalla de supuestas conversaciones, no se ha presentado hasta el momento evidencia independiente que confirme la autenticidad de los mensajes. Las imágenes, que comenzaron a circular en grupos de ex uniformados, incluyen números de teléfono visibles y fragmentos de supuestas conversaciones donde se discuten gestiones y contratos al margen del Gobierno central.
Dentro del contenido filtrado, se hace referencia a una “solicitud en el despacho del almirante” y a un esquema de procedimientos directos por Indumil, empresa estatal dedicada a la industria militar. Las publicaciones sostienen que este presunto esquema replicaría prácticas de años anteriores, dejando por fuera la supervisión de la Presidencia.