Cae alias el Pollo y otros cinco del Clan del Golfo en el oriente de Antioquia: golpe a extorsiones y minería ilegal

La captura de uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en el oriente de Antioquia representa un duro golpe a la estructura financiera y operativa de este grupo armado ilegal.

Alias el Pollo, señalado como el estratega criminal de la organización en la región, fue detenido junto con otros cinco integrantes en una operación conjunta de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía.

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“Su captura desarticula el brazo delictivo del grupo armado y fractura su ingreso financiero y logístico (...) Seguimos cerrando espacios a las economías ilícitas y protegiendo a los colombianos que han sido víctimas del miedo y el silencio”, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al confirmar la noticia.

De acuerdo con las autoridades, “el Pollo” coordinaba extorsiones, microtráfico, minería ilegal, tráfico de estupefacientes y el reclutamiento forzado de personas.

Su rol era clave en la generación de rentas criminales y el sometimiento de comunidades rurales de municipios como Argelia, Sonsón y el corregimiento de La Danta.

El operativo incluyó la incautación de motocicletas, armas, municiones, equipos de comunicación, material de intendencia y estupefacientes, evidencia de la capacidad logística de la célula del Clan del Golfo desarticulada.

La intervención se produce pocos días después de que organizaciones sociales denunciaran el incremento de la minería ilegal en zonas rurales de Sonsón, actividad que estaba afectando áreas protegidas y cuyo control era atribuido a estructuras armadas ilegales.

Sánchez destacó que el resultado responde también a la presión social y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva a través de las líneas habilitadas.

Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia, mientras que las autoridades anunciaron el mantenimiento de operaciones en la zona con el objetivo de recuperar el territorio y proteger a la población afectada por el dominio del Clan del Golfo.

El Gobierno Nacional anunció que a mediados de noviembre se activará el Batallón de Despliegue Rápido (Fudra) No.7, una unidad móvil sin jurisdicción fija y con capacidad de despliegue inmediato para reforzar la seguridad en Córdoba y los departamentos vecinos.

“Este batallón no tiene jurisdicción, es móvil y tiene un despliegue rápido para garantizarle la protección a los cordobeses y departamentos vecinos”, explicó el ministro Sánchez durante un consejo de seguridad realizado en el centro de convenciones de Montería.

La medida busca frenar la expansión del ELN desde Antioquia hacia Córdoba, una amenaza que, según el funcionario, ha cobrado fuerza en los últimos meses.

Además, se fijaron como objetivos prioritarios a alias Gonzalito y alias Richard, cabecillas del Clan del Golfo, por quienes se ofrece una recompensa de $3.284 millones cada uno, y alias Matías, vinculado al ELN, con una recompensa de $1.000 millones.

Sánchez destacó que alias Matías hace parte de un grupo que se autodenomina Héroes de Tarazá, al que calificó como “los terroristas de Tarazá”.

Asimismo, enfatizó que el éxito de las operaciones depende de la denuncia ciudadana: “No podemos permitir que este flagelo se convierta en una cultura, porque hay casos graves, pero no hay denuncia. Si no tenemos información es difícil que podamos actuar. Tenemos como objetivo llevar la extorsión a una mínima expresión aquí en el departamento de Córdoba”.

El ministro insistió en que pagar extorsiones fortalece el accionar de los grupos armados ilegales y reiteró la importancia de denunciar este delito.

Finalmente, ratificó que la ofensiva contra el Clan del Golfo y el ELN se mantendrá como prioridad, con el objetivo de desarticular sus redes y limitar su capacidad de expansión en la región.

La creación del Batallón Fudra No.7, sumada al aumento de recompensas y a los recientes golpes contra cabecillas, refleja una estrategia de seguridad orientada a recuperar la confianza ciudadana y reducir el impacto de las economías ilegales que alimentan la violencia en el norte de Antioquia y Córdoba.