El 1 de agosto se confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá pagar una condena de 12 años de prisión y pagar una multa de más de 2.000 millones de dólares al ser declarado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
De manera inmediata, los partidos políticos de derecha del país se pronunciaron para manifestarse en contra de la decisión de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá.
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Por parte del Centro Democrático, partido fundado por Uribe Vélez, se anunció una marcha pacífica que se llevará a cabo el 7 de agosto en las principales ciudades del país.
A esto se suma el recuerdo de los altercados registrados en el país, principalmente en Bogotá, durante las últimas audiencias del juicio en contra de Uribe Vélez, por lo que la fuerza pública se prepara ante posibles afectaciones de orden público tras la lectura del fallo.
Ministro de Defensa se anticipó a la situación
Desde Montería, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre la condena en contra del expresidente Uribe y la orden que tienen los uniformados del país en caso de que las manifestaciones se salgan de control.
“Ante cualquier acción de hecho, cualquier violación a la Constitución y la ley, la fuerza pública se empleará para hacer cumplir la Constitución y la ley”, indicó el ministro.
Ante la insistencia de los periodistas en la rueda de prensa sobre el tema, Sánchez indicó que no hablaría sobre hechos que no se han registrado, puesto que el objetivo del espacio era entregar un balance del consejo de seguridad registrado en Montería.
Hasta el momento, no se han registrado manifestaciones masivas o acciones delictivas ligadas al rechazo o aprobación de parte de la ciudadanía por la condena en contra del expresidente.
Sin embargo, mientras la jueza del caso lee el fallo de la condena, se ha reunido una cantidad importante de personas frente al Complejo Judicial de Paloquemao para demostrar su apoyo por Uribe Vélez.
Con arengas de: “Uribe, amigo, el pueblo está contigo”, los presentes siguen establecidos afuera del complejo, en lo que hasta el momento se trata de una protesta pacifica.
Además de la lectura del fallo, se espera que el expresidente presente de manera oral el recurso de apelación con el que buscará que la condena sea anulada en segunda instancia.
Mientras tanto, la jueza ha afirmado que durante el proceso judicial se mantuvieron las garantías para que el expresidente y su defensa pudieran defenderse de manera efectiva.
“En efecto, no se han vulnerado las garantías ni los principios que establece la ley y la jurisprudencia”.
Contrario a lo que afirmó la jueza, 20 exmandatarios de Latinoamérica se unieron para exponer una carta pública en la que afirman que el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez tuvo irregularidades, señalando algunas de ellas.
- Interceptaciones ilegales de más de 21.000 comunicaciones privadas sin autorización judicial, cuya utilización en el proceso, pese a haberse reconocido como un “error”, habría debido anular las pruebas.
- Filtraciones selectivas de piezas procesales sujetas a reserva, que habrían generado una condena mediática, afectando su honra, su seguridad personal y la de su familia.
- Testimonios no confiables, entre ellos el del principal testigo, Juan Guillermo Monsalve, condenado a 40 años de prisión por secuestro y concierto para delinquir, así como otros con antecedentes de falso testimonio.
- Anomalías procesales, como la homologación de un llamado a indagatoria en imputación, intentos de vincularlo a nuevas investigaciones sin permitir su defensa y la imposición de una medida de aseguramiento sin pruebas.
- Cambio intempestivo de la Fiscalía, que tras solicitar en dos ocasiones la preclusión por inexistencia de delito, cambió de postura y decidió acusarlo tras el cambio de administración en la entidad.
- Desconocimiento de la Procuraduría, que el 27 de junio de 2025 pidió formalmente la absolución por falta de pruebas contundentes y debilidades estructurales del caso.