A pesar de los constantes llamados de alerta por parte de organizaciones y autoridades, la violencia sigue afectando a excombatientes comprometidos con la reincorporación.
El cuerpo de Rogelio Suns Díaz, que firmó el Acuerdo de Paz de 2016 y participaba en proyectos comunitarios, fue hallado cerca de la escuela Alta Cal en la vereda Caño Lindo, municipio de El Castillo (departamento del Meta).
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De acuerdo con información oficial de Indepaz,(Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), Suns se convierte en el firmante número 29 asesinado en lo que va de 2025, dato que evidencia la gravedad de la crisis de seguridad que afrontan los firmantes del acuerdo en varias regiones de Colombia.
Según el informe oficial, hombres armados interceptaron a Suns Díaz mientras colaboraba en la construcción de un puente sobre el río La Cal, infraestructura destinada a conectar las veredas La Cima y La Esperanza.
Los hechos ocurrieron mientras el excombatiente, involucrado activamente en el proceso de reincorporación, trabajaba junto a otros miembros de la comunidad en una obra social de relevancia para la zona.
Posteriormente, su cuerpo sin vida fue localizado en las inmediaciones de la mencionada escuela, remarcando una vez más los riesgos extremos a los que se enfrentan quienes buscan desarrollar proyectos de paz en regiones atravesadas por el conflicto armado.
De esta manera, la organización resaltó que la muerte de Suns Díaz pone de manifiesto la inseguridad permanente y la falta de garantías para los exguerrilleros en proceso de reincorporación.
La Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 004/23, "en la que incluye al municipio de El Castillo y advierte sobre la crítica situación de seguridad en la zona, marcada por la fuerte presencia de grupos armados ilegales", agregó Indepaz.
La entidad agregó que la intervención estatal en la región del Meta resulta insuficiente para contrarrestar la influencia de estos grupos, por lo que estos individuos continúan expuestos a amenazas, hostigamientos y asesinatos, especialmente en zonas rurales donde operan diferentes actores armados ilegales.
“Estos actores ejercen control social y territorial, realizan amenazas, extorsiones y reclutan menores. La población civil se encuentra atrapada entre estos grupos, mientras la presencia del Estado es limitada“, agregó Indepaz.
Ante esta situación, la Defensoría pidió el despliegue urgente de medidas de protección y el aumento de la presencia institucional, a fin de evitar una escalada en la violencia y proteger tanto a excombatientes como al resto de la comunidad.
Finalmente, según informó Indepaz, la persistencia del control ilegal y las amenazas constantes mantienen a los habitantes de El Castillo y a los firmantes del Acuerdo de Paz en un ambiente de miedo e incertidumbre, dificultando las labores cotidianas y los proyectos de construcción de paz.
La organización resaltó la necesidad de implementar estrategias integrales de seguridad y acompañamiento para garantizar los derechos de las comunidades vulnerables y quienes transitan la ruta de la reincorporación.
Otro firmante asesinado
José Arnulfo Rodríguez Castañeda, firmante del Acuerdo de Paz y en proceso de reincorporación, fue asesinado el 21 de junio de 2025 en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, según reportó Indepaz.
Indepaz detalló que Rodríguez Castañeda tenía 38 años y formaba parte del grupo de excombatientes que seguían adelantando su proceso de reintegración a la vida civil, tras la firma del Acuerdo de Paz.
El ataque, perpetrado por varios hombres armados que se movilizaban en una camioneta, se produjo en la entrada de un establecimiento comercial del corregimiento. Los atacantes abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.
En el hecho, además de Rodríguez Castañeda, murió otra persona y cuatro más resultaron heridas.