La Procuraduría General de la Nación abrió proceso disciplinario y formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, por presunta violación de la Ley de Garantías durante la contienda electoral de 2023.
Según el ente de control, el entonces mandatario habría participado en eventos institucionales con presencia de candidatos a la Asamblea Departamental, promoviendo presuntamente su gestión y favoreciendo aspiraciones políticas.
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La investigación se centra en dos actos públicos realizados en octubre de 2023, en pleno periodo de restricciones impuestas por la Ley 996 de 2005.
El primero tuvo lugar el 11 de octubre en Chinchiná, donde Velásquez participó junto al entonces presidente de la Asamblea y candidato a la reelección, Andrés Fernando Chaparro Echeverry.
En la actividad se anunció la asignación de 50 millones de pesos para una feria del café programada para noviembre, hecho que fue denunciado por el medio La Patria en su publicación “Denuncian al gobernador de Caldas y una secretaria por presunta participación en política”.
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Cuatro días después, el 15 de octubre, el exgobernador lideró otro acto público de entrega de 90 viviendas y verificación de obras, acompañado del diputado Óscar Alonso Vargas Jaramillo, que también buscaba renovar su curul.
Para la Procuraduría, estas acciones constituyen una eventual promoción indebida de la gestión de Velásquez y de los candidatos participantes, afectando principios de imparcialidad y transparencia.
El Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo, lo que significa que, de ser hallado responsable, Velásquez habría actuado con pleno conocimiento y voluntad de transgredir la norma.
Las sanciones que podría enfrentar incluyen la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
La investigación se originó tras denuncias presentadas por funcionarias de Migración Colombia y de la misma Procuraduría, quienes alertaron sobre el uso de programas sociales e institucionales con fines proselitistas.
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Hasta ahora, el exgobernador Luis Carlos Velásquez Cardona no ha emitido declaraciones sobre la apertura del proceso en su contra, mientras el ente de control avanza en la recolección de pruebas y testimonios.
Esta nueva controversia se suma a otro capítulo de su administración que ha vuelto a ser noticia: el fallido programa de vivienda Mil Viviendas, lanzado en 2021 con el compromiso de construir 980 casas en 14 municipios de Caldas.
La iniciativa, que involucró una inversión de $70.000 millones, prometía transformar la vida de cientos de familias, pero hasta julio de 2025 ninguna vivienda ha sido entregada.
Uno de los proyectos inconclusos más simbólicos es el de Aguacatal, en Chinchiná, donde 20 familias damnificadas por desastres naturales esperaban sus apartamentos desde 2022.
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Las obras comenzaron con movimientos de tierra y excavación de sótanos, pero fueron abandonadas de forma abrupta, dejando un terreno lleno de huecos, maleza y frustración.
“No pierdo la fe, pero no puedo vivir solo de promesas”, resume Mariana Rivera al medio La Patria, una de las afectadas, al recorrer cada día el predio vacío.
El Concejo Municipal de Chinchiná aprobó recientemente el Acuerdo 17, mediante el cual se autoriza la entrega del lote al Patrimonio Autónomo Derivado IV, creado por la Alcaldía y la Gobernación, con el fin de retomar las obras.
Con recursos asegurados por $2.295 millones –$1.595 millones de la Gobernación y $700 millones del municipio— se proyecta reiniciar la construcción en el segundo semestre de 2025 y entregar los apartamentos a mediados de 2026.
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La frustración en Aguacatal refleja un sentimiento que va más allá de la vivienda. Según sus habitantes, las promesas incumplidas han erosionado la confianza ciudadana y desgastado la relación con las instituciones.
Muchos recuerdan cómo, en periodos electorales, los proyectos inconclusos reaparecían en discursos de campaña, sin resultados concretos.
“Estoy cansada de pagar arriendo. Cada vez que se acercan elecciones nos prometen casas y todo queda en palabras”, dice Rivera.
El caso Aguacatal se conecta con la controversia que hoy enfrenta Velásquez: el uso de programas sociales en contextos de campaña.
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