Después de varios días de tensión, bloqueos y negociaciones intensas, el Gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro Arrocero anunciaron el 24 de julio la firma de un acuerdo histórico que pone fin a la movilización iniciada el pasado 14 de julio de 2025. El pacto se centra en uno de los puntos más sensibles del conflicto, el precio del arroz paddy verde.
La noticia fue confirmada por los ministerios de Agricultura, Comercio, Interior y otras entidades que participaron en el proceso. Según el comunicado oficial, el consenso alcanzado establece una fórmula técnica para definir un precio mínimo de compra del arroz paddy, un tema que había desatado el malestar entre los productores por la caída sostenida en los precios de comercialización.
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El documento contempla siete puntos clave acordados entre el Gobierno y los voceros del paro arrocero, con la Defensoría del Pueblo como garante del diálogo. Aquí los principales:
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1. Regulación del precio del arroz paddy verde
El producto será sometido al régimen de libertad regulada de precios, lo cual implica un control técnico que asegure el cubrimiento de los costos de producción, sin generar utilidades para el productor. El borrador de la resolución ya fue radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que deberá emitir un concepto antes de su expedición oficial por parte del Ministerio de Agricultura.
2. Medidas de defensa comercial
El Ministerio de Comercio analizará la posibilidad de implementar aranceles inteligentes o restricciones temporales a la importación de arroz paddy y arroz blanco, si se cumplen los requisitos legales para ello.
3. Comisión Técnica de seguimiento
Se creará una comisión conjunta para identificar mecanismos legales que apoyen a los productores afectados por la caída de precios desde el 26 de junio hasta que entre en vigor la nueva resolución. Además, retomarán programas de apoyo como Fonsa y el Faia, activos durante el primer trimestre del año.
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4. Revisión de tarifa del agua
El Ministerio de Ambiente se comprometió a instalar una mesa técnica para ajustar el instrumento económico del acceso al agua, buscando equidad para los productores del sector agropecuario.
5. Mesa técnica con la UGPP
El Ministerio de Hacienda liderará una revisión sobre la base de datos utilizada en la resolución 209 de 2020 para mejorar el cálculo de los costos presuntos de los productores frente a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales.
6. Controles en centros de acopio
La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian realizarán verificaciones sobre inventarios y trazabilidad del arroz en molinos y centros de acopio, como medida de control y transparencia.
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7. Fin de las protestas
Con la firma del acta, el Comité Nacional del Paro Arrocero declaró oficialmente finalizada la movilización y anunció el restablecimiento total de la movilidad en las vías del país.
Aunque se alcanzó el acuerdo, las partes dejaron dos constancias formales. Por un lado, el Comité Nacional del Paro Arrocero se reserva el derecho a retomar movilizaciones en el futuro si el Gobierno no cumple con lo pactado.
Por el otro, el Gobierno nacional reiteró su compromiso con el diálogo permanente y respetuoso como vía principal para resolver conflictos sociales. Con este acuerdo, el país respira y el arroz, producto esencial en la dieta de millones de colombianos, da un paso hacia una mayor estabilidad en su cadena de producción. Ahora queda en manos del Ejecutivo materializar lo pactado, mientras los productores permanecerán vigilantes al cumplimiento.
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La puja por los precios
La necesidad de establecer el precio mínimo surgió desde el inicio del conflicto con el gremio arrocero. Fue justamente este el punto neurálgico de la protesta, los pagos que venían recibiendo los productores por el arroz paddy verde no cubrían los costos de producción, lo que generó malestar en el sector.
El Ministerio de Agricultura, entonces, diseñó una fórmula técnica basada en información recolectada de diversas fuentes para construir una propuesta que reflejara las realidades productivas de cada región. Esa propuesta fue puesta a consideración pública en un borrador, y se abrió un plazo para enviar observaciones que cerró el 18 de julio.
Tras recibir comentarios y avanzar en la mesa de diálogo, el documento final quedó listo. Como parte del acuerdo, las partes “concuerdan en que los precios establecidos garantizan los costos de producción al productor sin generación de utilidad”. Esto también explica por qué los valores definidos en la resolución son más bajos que los precios comerciales vigentes en algunos mercados.
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