Pilas si decide viajar a Chía en moto, lo podrían multar: municipio anunció medidas estrictas contra la delincuencia

Desde el 15 de julio de 2025, la Alcaldía municipal de Chía impuso una restricción de parrillero en moto que rige en todo el municipio. Así lo hizo saber el alcalde Leonardo Donoso tras un consejo de seguridad con autoridades civiles y militares, que tiene como fin frenar el aumento de hechos delictivos.

“El reto no es solo prohibir, sino inteligir, judicializar y prevenir. Sin eso, el delito, como el humo, siempre encuentra por dónde colarse.” Con esta advertencia, el alcalde Donoso sintetizó la complejidad de la nueva estrategia de seguridad en Chía.

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La decisión de la alcaldía establece dos niveles de restricción. En primer lugar, prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante entre las 23:00 y las 4:00 en todo el municipio. En segundo lugar, en el área central —delimitada entre las calles 17 y 7, y las carreras 13 y 7— la prohibición rige durante las 24 horas del día.

Esta zona corresponde al sector comercial y administrativo, donde, según las autoridades, se concentra la mayor incidencia de hurtos y atracos. La medida estará vigente hasta el 30 de julio, fecha en la que se evaluará su impacto y se decidirá si se mantiene como estrategia coyuntural o se integra a un plan de mediano plazo.

El argumento central de la Administración municipal es que los delincuentes han utilizado motocicletas como vehículos rápidos para cometer fleteos y homicidios. El propio Donoso subrayó que varios delitos recientes han sido perpetrados por personas movilizadas en moto.

Como parte del plan de seguridad, se emitió un decreto que regula el tránsito de motos con acompañante en los horarios y sectores definidos. Además, se anunciaron cambios en la cúpula policial local: la mayor Karen Bunker asumió como comandante de estación y el capitán Andrés Senado como subcomandante. El Ejército Nacional también se suma a los patrullajes y controles en zonas estratégicas, reforzando la presencia institucional en el territorio.

La administración ha complementado la restricción con incentivos para la colaboración ciudadana. Se ofrecerá una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita esclarecer el homicidio de un profesional del derecho, y 5 millones de pesos por datos que ayuden a identificar a los responsables de un reciente caso de fleteo.

El alcalde reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo, recordando que sin denuncias formales, entidades como la Fiscalía, la Policía Judicial, el CTI y el Dijín no pueden avanzar en investigaciones ni procesos judiciales.

No obstante, la efectividad de la restricción al parrillero en moto ha sido objeto de debate. Numerosos estudios y la experiencia de ciudades como Bogotá sugieren que limitar un modus operandi no elimina el delito, sino que lo desplaza, así lo indicó el medio Publi Motos.

El fenómeno de migración del delito implica que, al endurecer las condiciones en el centro de Chía, los delincuentes podrían trasladar sus actividades a zonas aledañas o recurrir a otros medios de transporte, como bicicletas o motos sin restricción. Así, la seguridad en el centro podría convertirse en una ilusión, mientras las calles periféricas quedan expuestas.

El impacto económico también merece atención. El comercio del centro de Chía podría resentirse por la disminución de visitantes que utilizan motocicletas como principal medio de transporte. La administración deberá evaluar si la reducción de delitos compensa las posibles pérdidas para los negocios locales.

No obstante, para los motociclistas, la advertencia es clara: el patrullaje será estricto y estarán acompañadas de sanciones para quienes no cumplan con lo indicado por las autoridades. Pero más allá de la sanción, el desafío es transformar el centro de Chía en un espacio realmente seguro, no solo vigilado.

La Administración municipal reiteró que la seguridad de los concejales, funcionarios y habitantes es una prioridad, y continuará implementando medidas coordinadas con la fuerza pública para garantizar el orden y reducir la delincuencia en el municipio.