Sus cotizaciones no se guardarán: el 80% irá directo a financiar pensiones en Colpensiones

El Ministerio de Trabajo alista una nueva línea de investigación para vigilar de cerca cómo se manejarán los aportes pensionales con la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, aún sujeta a revisión por parte de la Corte Constitucional. La medida surgió como respuesta a crecientes preocupaciones sobre el uso inmediato de hasta el 80% de los aportes de los trabajadores para financiar mesadas del régimen público (Colpensiones), lo cual podría comprometer la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

La cartera laboral fue enfática: “el ajuste de la jornada laboral es un derecho adquirido y obligatorio, no una decisión opcional para las empresas”, y ese mismo principio de obligatoriedad aplica ahora frente a la responsabilidad del Estado con el ahorro pensional. Por eso, el anuncio de una línea de vigilancia no es menor. A través de inspecciones, visitas y mecanismos de control, el ministerio buscará asegurar que los nuevos recursos que ingresen al sistema sean manejados con transparencia y bajo los parámetros establecidos por la ley.

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La alerta no es gratuita. Según estimaciones, una vez la ley entre en vigencia, algo que solo podrá definirse cuando la Corte Constitucional se pronuncie sobre su exequibilidad, Colpensiones comenzará a recibir cerca de 3 billones de pesos mensuales por concepto de cotizaciones. De ese monto, aproximadamente 2,4 billones (el 80%) se utilizarán de inmediato para el pago de pensiones actuales, mientras que el 20% restante se dirigirá al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), administrado por el Banco de la República.

Detrás de esta nueva estructura está la reforma que obliga a todos los trabajadores que coticen hasta por 2,3 salarios mínimos mensuales (unos $3.274.000 en 2025) a aportar exclusivamente al Régimen de Prima Media. Los aportes por encima de ese umbral seguirán siendo administrados por entidades privadas como Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia y Positiva Seguros.

Para Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, lo que ocurre es preocupante: “En un sistema totalmente sostenible toda la cotización se ahorraría, pero como no es el caso nuestro donde hay una parte que se gasta en el pago de las pensiones de hoy, con eso se está adquiriendo un pasivo que llegará a valer 160 por ciento del PIB”, dijo a El Tiempo. La advertencia se refiere al desbalance estructural que genera usar el ahorro de los trabajadores actuales para cubrir obligaciones presentes, sin un fondo acumulado suficiente que respalde las futuras.

Velasco explicó que el sistema actual paga más de lo que realmente se cotiza. Y agregó que, si bien el cambio es necesario para dar sostenibilidad a las pensiones, el nivel de ahorro con el que arranca es mínimo, solo 0,5 puntos del PIB frente a los 2,3 que serían necesarios. El resto, 1,8 puntos, se gasta en el pago de mesadas, tal como quedó consignado en el artículo 24 de la ley.

Dicho artículo traza una ruta decreciente para los recursos del régimen público, del 1,8% del PIB entre 2025 y 2028, bajará a 1,6 % hasta 2035, luego a 1,4% hasta 2040, 1,2% en la siguiente década, y finalmente 1% a partir de 2051. Ese ajuste progresivo, aunque técnico, exige preparación.

El Banco de la República, encargado de administrar el Fapc, levantó la mano ante la Corte para pedir más tiempo. Su gerente, Leonardo Villar, explicó durante la pasada Convención Bancaria que aún faltan pasos clave como la firma de contratos interadministrativos y la selección de operadores para los portafolios de inversión. En una carta enviada a la Corte Constitucional, Villar solicitó que se considere aplazar la entrada en vigencia de la reforma al menos tres meses después de publicada la sentencia que la declare constitucional.

Mientras tanto, el debate sigue latente. Gremios como Asofondos insisten en la necesidad de blindar los ahorros de cerca de 18 millones de afiliados que han acumulado más de 550 billones de pesos en cuentas individuales. Para ellos, lo que está en juego no es solo la viabilidad del sistema, sino la confianza de millones de trabajadores que esperan jubilarse dignamente.