El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a la designación de la Imprenta Nacional como la responsable de producir, personalizar y distribuir los pasaportes colombianos.
El anuncio se formalizó tras la firma de un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, que busca reemplazar el actual contrato con la firma privada Thomas Greg & Sons, el cual expirará el 31 de agosto.
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El acuerdo fue subido al portal oficial Secop a las 7 de la noche del viernes 17 de julio y está proyectado hasta el 31 de diciembre de 2034, con posibilidad de prórroga. Este cambio responde a un modelo que busca “recuperar capacidades estatales” y fortalecer la autonomía del país frente a servicios estratégicos.
En su cuenta de X, Petro celebró la firma del convenio y anunció la necesidad de ampliar sus funciones hacia áreas clave del bienestar social: la gratuidad de los útiles escolares y la documentación civil para todos los ciudadanos: “La imprenta nacional volverá a ser la mayor imprenta de Colombia y debe entregar a niños y niñas todos sus útiles escolares de manera gratuita, y a toda la población hacer sus documentos de identidad, como se hace en el mundo”.
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El respaldo jurídico del convenio
El convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional está sustentado en un acto administrativo de justificación firmado por la Secretaría General encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este documento, en línea con la Ley 80 de 1993 y la Ley 489 de 1998, respalda la contratación directa interadministrativa como un mecanismo válido para garantizar la eficacia en la prestación de servicios estatales.
En el acto administrativo de justificación del convenio se destacan los fines constitucionales del Estado, como “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes”, y se citan artículos clave como el 209 de la Constitución, que establece que la función administrativa debe desarrollarse bajo principios como eficacia, moralidad y celeridad.
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Asimismo, el artículo 95 de la Ley 489 señala que las entidades públicas “podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios”, lo que permite la formalización de este tipo de convenios entre órganos del Estado.
Este paso marca también el cierre definitivo de la relación contractual con la firma privada Thomas Greg & Sons, protagonista de varios cuestionamientos en los últimos meses por supuestas irregularidades en procesos de contratación. La decisión del Gobierno fue interpretada como un esfuerzo por recuperar el control público sobre la expedición de pasaportes, un documento de alta sensibilidad y valor estratégico para los ciudadanos.
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Y es que la crisis reciente en la expedición de pasaportes —marcada por demoras, filas interminables y una fuerte incertidumbre derivada de fallos en los procesos licitatorios— evidenció los riesgos de delegar funciones estratégicas del Estado a operadores privados. Miles de ciudadanos vieron vulnerado su derecho a la movilidad internacional, enfrentando obstáculos para cumplir compromisos académicos, laborales o familiares.
En ese contexto, la decisión del Gobierno de transferir esta tarea a la Imprenta Nacional representa podría devolver la garantía de estos derechos sin depender de terceros, pues el convenio establece que la Imprenta Nacional podrá “seleccionar aliados para la producción y distribución de las libretas”, lo que sugiere que el nuevo modelo no será enteramente cerrado al sector privado, pero sí liderado por una entidad con criterios de la administración pública.
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Si el nuevo modelo logra implementarse con eficiencia, transparencia y cobertura territorial, podría marcar un punto de inflexión hacia un modelo estructural orientado a recuperar el control público sobre servicios esenciales.
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