Durante los últimos 12 meses, el Senado de la República gestionó 2.211 contratos por un valor conjunto de $302.000 millones, entre los que se observaron convenios relacionados con personal, mantenimiento, operatividad y producción de contenido para el Congreso.
Este balance contractual cobra especial relevancia por la presencia de figuras allegadas al expresidente de la cámara alta, Efraín Cepeda, que, según un reciente rastreo adelantado por El Espectador, ha sido objeto de críticas del presidente Gustavo Petro y se perfila como uno de los protagonistas políticos más discutidos en el Legislativo previo a la asunción del liberal Lidio García.
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El periodo de gestión de Cepeda, oriundo de Barranquilla y miembro del Partido Conservador, estuvo pasado por tensos enfrentamientos con el Ejecutivo. Entre los hechos más controvertidos, Cepeda lideró el rechazo al Presupuesto General de la Nación y a la ley de financiamiento correspondiente, además de impulsar una consulta popular durante una votación de apenas tres minutos.
Estos movimientos lo posicionaron como blanco de las declaraciones del presidente Petro, que llegó a denunciar la búsqueda de un “golpe blando” y la obstaculización de la agenda progresista. No obstante, Cepeda, en declaraciones recientes defendió su gestión bajo el argumento de preservar la democracia, la separación de poderes y el Estado Social de Derecho.
A pesar de que la injerencia directa de Cepeda sobre la contratación administrativa del Senado es limitada, su incidencia política resulta relevante, especialmente en la distribución de contratos de la presidencia del Senado hacia aliados de la región Caribe.
Según información del propio Senado y datos recogidos por El Espectador, 13 contratos de la presidencia con 11 políticos caribeños sumaron $524 millones, destacándose la presencia de integrantes veteranos del Partido Conservador y otras casas políticas de la zona.
La estructura administrativa del Senado es dirigida por Astrid Salamanca, quien ostenta el cargo de directora administrativa desde 2012 y ha sido reelegida por la plenaria en siete ocasiones, la más reciente este año. Salamanca es responsable última de las decisiones contractuales y la autorización de gastos.
Dentro del grupo de beneficiarios con más de un contrato durante el periodo 2024-2025, aparece Anatolio Santos Olaya, exsecretario de Desarrollo Económico en la primera gobernación de Eduardo Verano de la Rosa en Atlántico. Santos Olaya, cercano tanto a Verano de la Rosa como a la influyente Casa Char, recibió dos contratos para prestar servicios a la presidencia del Senado, con valores de $40 millones y $79,5 millones entre octubre de 2023 y julio de 2024, alcanzando un total de $119,5 millones.
Betty del Socorro Echavarría figura como una reconocida exalcaldesa y diputada del Atlántico, con vínculos próximos al exsenador Roberto Gerlein y a la Casa Char. Echavarría recibió un primer contrato de $9 millones por el mes de diciembre de 2024 y un segundo de $54 millones desde mediados de febrero a julio, sumando $63 millones en el periodo.
Entre los contratos de mayor cuantía resalta el asignado al exdiputado del Cesar Camilo Andrés Lacouture Ackerman, descendiente de una familia con larga tradición en el conservatismo, quien aspiró sin éxito a la gobernación en 2023 y recibió un acuerdo valorado en $74,5 millones.
La lista se completa con figuras como el expersonero de Montería Jorge Mario Galofre Rugeles, la exsecretaria de Hacienda de Córdoba María Paula Tejada Bustos, el exalcalde de Ayapel Fabio Miguel Paternina, el exalcalde de San Juan del Cesar Casimiro Cuello Cuello, el exsecretario de Desarrollo de Salud de Montería Lulio Suárez Bedoya, la exconcejal de Uribia Andrea Paola Gómez Henríquez y el exalcalde de Calamar Alejandro Arrázola Sagbini. Diversas fuentes fotográficas y testimoniales reunidas por el medio ratifican la estrecha relación de estos nombres con Cepeda, más allá de los vínculos contractuales.
Consultado por El Espectador sobre estas contrataciones, el equipo de Cepeda rechazó la existencia de irregularidades y remitió documentación con fechas y funciones de los beneficiarios, enfatizando la legalidad tanto de los contratos como del hecho de que políticos afines ocupen cargos de asesoría.
Junto al núcleo de contratistas asociados a la Presidencia del Senado, el rastreo identificó al menos otros 13 políticos en la planta general del Senado, muchos de ellos con antecedentes en entidades controladas por la Casa Char, como la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico.
Destaca especialmente el caso de Emilio Otero, exsecretario del Senado y asesor en temas normativos, quien recibió $37,5 millones por un contrato de 75 días, suscrito entre octubre y diciembre de 2023.
Según lo revelado por El Espectador, la Fiscalía lo vincula a negocios con Javier Rojas García (“alias Maracuyá”), sindicado de liderar operaciones de narcotráfico y de tener relaciones con paramilitares y antiguos carteles.
Entre las mayores sumas desembolsadas figura una serie de cinco contratos por un total de $20.298 millones con Telecaribe, el canal regional encargado de operar y producir los contenidos audiovisuales del canal del Congreso. Al término de la presidencia de Iván Name (actualmente en prisión por el escándalo de la Ungrd), el contrato había favorecido a Teveandina (Canal Trece). También, el exgerente de Telecaribe Iván Antonio Ovalle Poveda recibió $18 millones por un contrato desde octubre al 31 de diciembre de 2024.