Representante advirtió que se necesita una reforma a la salud para evitar el robo de recursos: “O reformamos el sistema, o…”

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, insistió en la importancia de implementar una reforma a la salud en Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro revelara “conductas de malversación y desfalco” en el sistema durante su alocución del 15 de julio y en el Consejo de Ministros que lideró posteriormente.

Según expuso el primer mandatario en la alocución, la deuda de las EPS que no están intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud se incrementó en amplios porcentajes en apenas un año. Esto, a pesar de que el Gobierno nacional ha girado los recursos necesarios para que las entidades promotoras de salud garanticen la prestación de servicios en las IPS y salden sus deudas.

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“Se robaron la plata que nosotros mismo dimos. Crimen, crimen porque mata a colombianos y mata a niños en masa. Es un crimen de lesa humanidad, ¿qué está pasando que no investigan penalmente?, ¿les da miedo porque son ricos?”, dijo, asegurando que el Gobierno no tiene deudas con las EPS que justifiquen el aumento de sus pasivos.

Además, informó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) giró $87,89 billones a 29 EPS para que distribuyeran los recursos ente los demás actores de la red, pero, a corte del 31 de diciembre del 2024, estas solo reportaron $85,18 billones, lo que quiere decir que hay “$2,71 billones que no aparecen”.

Así las cosas, de acuerdo con Carrascal, más allá de haber quedado demostrado que hay individuos y empresas sin escrúpulos que estarían hurtando los recursos públicos destinados a la salud, y que deben ser investigados y judicializados, el problema central está en otra parte. Según explicó, la manera como funciona el sistema y las dinámicas bajo las cuales se lleva a cabo el manejo de los recursos no brinda garantías.

“El problema central es estructural: la salud como derecho fundamental, como ordena nuestro ordenamiento jurídico y se expresa en la amplitud del plan de beneficios, no puede convivir con una lógica de mercado desbocada más allá de lo funcional”, detalló.

La congresista explicó que la cadena de actores del sistema de salud está compuesta por EPS, uniones temporales, IPS, gestores farmacéuticos, contratos sindicales y otros intermediarios, y que estos reciben recursos para brindar una atención oportuna, adecuada y de calidad a los usuarios. Sin embargo, los recursos se escabullen por medio de subcontrataciones. Es así como el dinero no se ejecuta para lo que se debe y como, finalmente, los afiliados al sistema terminan desprotegidos y sin soluciones para sus problemas de salud.

En consecuencia, aseguró que la respuesta a la crisis está en una reforma a la salud que verdaderamente se centre en la distribución correcta de los recursos y en la inclusión del sector privado, que debería “redefinir” el papel que está cumpliendo en el sistema, para que se convierta en un modelo funcional y justo.

“Un modelo que ponga el interés público por encima del lucro, sin que este deje de jugar un papel, pero no rector”, aclaró.

Asimismo, advirtió que si las modificaciones requeridas no se implementan, los recursos públicos seguirán siendo robados por medio de procesos que facilitan la corrupción.

“O reformamos el sistema, o seguiremos permitiendo que el derecho a la salud se desvanezca entre balances financieros opacos, negociados disfrazados de gestión, actos de corrupción y las contradicciones irresolubles del sistema de salud, tal y como se encuentra diseñado actualmente”, concluyó.

Tras un fracaso en 2024, el Gobierno nacional volvió a presentar una reforma a la salud en el Congreso de la República, con la cual espera poner fin a las fallas del sistema de salud.