Imprenta Nacional habría impuesto un acuerdo de confidencialidad a su junta directiva en caso de los pasaportes: “Nos pueden revisar los computadores”

No cesa la incertidumbre frente a la producción y distribución de pasaportes, que será asumida por la Imprenta Nacional pese a las críticas sobre su poca experiencia y falta de capacidad para expedir el documento nacional.

De hecho, en la mañana del martes 15 de julio se dio a conocer que en medio de las reuniones para firmar el contrato que regirá a partir de septiembre de 2025, los miembros de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional estarían siendo obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad para evitar filtraciones a la prensa.

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Según información conocida por la revista Semana, las condiciones fueron impuestas a los miembros justo antes de una reunión sobre el futuro de la expedición de pasaportes programada para el lunes 14 de julio.

Fue en ese momento que la gerencia de la Imprenta Nacional le habría exigido la firma de un acuerdo de confidencialidad antes de facilitar información necesaria para evaluar el proyecto.

Este requerimiento llevó a que varios integrantes del órgano se negaran a suscribirlo, lo que provocó que la sesión fuera suspendida y aplazada para una fecha aún por confirmar.

“Solicitamos como miembros de la junta la información necesaria para poder preparar la reunión que tiene que ver con el tema de los pasaportes. Con sorpresa, nos dimos cuenta de que enviaron un acuerdo de confidencialidad que debía firmarse y, hasta el momento, algunos de los miembros de la junta directiva no hemos recibido la información y tampoco vamos a firmar ese documento”, aseguró uno de los integrantes de la junta a la revista Semana.

Entre los temas que se analizarían en el encuentro figuran la naturaleza del acuerdo pendiente con la Cancillería, el informe denominado “Acuerdo Internacional” a cargo de la gerente general y la aprobación de las denominadas vigencias futuras para el proyecto de pasaportes.

Los miembros de la junta argumentaron que pidieron con anticipación toda la información pertinente a fin de preparar la discusión, y señalaron su sorpresa ante la exigencia de que primero firmaran un acuerdo vinculante de confidencialidad para acceder a los documentos.

Algunos integrantes de la junta directiva manifestaron que no están dispuestos a rubricar dicho acuerdo, y que hasta ahora tampoco han recibido la información solicitada sobre el proceso que definirá el futuro de la expedición de pasaportes en el país.

Además, a diferencia de lo habitual, la convocatoria a la reunión extraordinaria no provino del vicepresidente de la junta, el viceministro del Interior Jaime Berdugo, quien suele presidir el órgano colegiado, sino de la secretaría técnica en manos de la subgerente administrativa y financiera de la Imprenta Nacional.

No obstante, fuentes consultadas por la revista indicaron que Berdugo, luego de solicitar que se entregaran los documentos a todos los integrantes, recibió una comunicación adicional del director jurídico de la Imprenta. En ese mensaje, se indicaba que para poder tener acceso a la información, primero debían firmar el acuerdo de confidencialidad.

Entretanto, Jaime Berdugo manifestó desconocer el origen del aplazamiento de la reunión y negó haber impulsado la convocatoria. Además, explicó que el ministro Armando Benedetti había instruido que cualquier asunto relacionado con la Imprenta debía canalizarse exclusivamente a través del jefe de despacho, Alfredo Saade.

El documento de confidencialidad referenciado por la junta directiva, al que tuvo acceso el diario nacional, lleva el nombre de “Acuerdo de confidencialidad para miembro de la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia, proyecto impresión en seguridad - pasaportes”.

Según el contenido reseñado, el acuerdo exigiría a los firmantes aceptar auditorías intempestivas a todos sus medios electrónicos por parte de quienes la gerencia designe, como mecanismo de verificación del cumplimiento de la confidencialidad.

“Esto quiere decir que nos pueden revisar los computadores cuando quieran, que nos pueden sacar de la junta directiva como sea, incluso violando el debido proceso. El hecho de que tenemos que suscribirnos a este acuerdo de por vida. Todo eso se sale de la realidad legal. También nos prohíben denunciar irregularidades sin el permiso de la gerente (...) nos quieren poner una mordaza”

El documento no establece claramente las sanciones que podrían surgir por eventuales incumplimientos, pero aclara que serán “discrecionales” y autorizadas por la gerente de la entidad.