La expedición del Decreto 0799 del 9 de julio de 2025, en el que se modifica la manera en la que se evaluarán las acciones de tutela contra el presidente de la República, ha generado diferentes reacciones en el sector político colombiano.
Uno de ellos fue el representante a la Cámara Óscar Villamizar, del Centro Democrático, que no solo cuestionó la medida firmada por el presidente Gustavo Petro y elaborado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, sino que anunció que en el reinicio de actividades en el Congreso presentará un proyecto de ley que, según él, retomaría el estudio de las tutelas al Consejo de Estado.
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“Presentaré un proyecto de ley para que la tutela se regule por ley y no por decreto. Que a Gustavo Petro le molesten los límites, no es justificación para que le quite al Consejo de Estado la competencia para revisar las tutelas en su contra”, escribió el parlamentario santandereano en su cuenta de X.
Además, el congresista de oposición indicó que su proyecto primará los derechos de la ciudadanía colombiana frente a las decisiones adoptadas por el mandatario nacional.
“Los derechos fundamentales no pueden depender del deseo de este gobierno para acabar con los pesos y contrapesos institucionales”, agregó.
Demanda contra ‘decretazo’ por tutelas contra Petro
Además del representante Óscar Villamizar, otros congresistas de oposición al Gobierno Petro también anunciaron acciones legales para se indague sobre el decreto que cambia el estudio de tutelas contra el presidente.
Es el caso de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, en la que confirmó que presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, al considerar que esta directriz presidencial vulnera lo estipulado en la Constitución Política.
“Aquí está radicada la demanda de nulidad contra el decreto 0799 con el que Petro legisla en causa propia para que las tutelas en su contra sean decididas por jueces del circuito, o con igual categoría (...) No vamos a permitir que se altere el acceso a la justicia especializada con un decreto inconstitucional que vulnera la Constitución en su artículo 152 para garantizar impunidad a su favor”, indicó la congresista en su cuenta de X.
En el documento, la senadora explica que el decreto “constituye una clara extralimitación del poder reglamentario del Ejecutivo, vulnerando varios preceptos constitucionales como el principio de legalidad, juez natural, debido proceso, reserva de ley y separación de poderes”.
Igualmente, Cabal enfatizó en que el Ministerio de Justicia utilizó la facultad de potestad reglamentaria “para intervenir de manera irregular en el reparto funcional de acciones de tutela, específicamente para sustraer del Consejo de Estado órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa- la competencia para conocer las tutelas dirigidas contra el Presidente de la República”.
Qué dice el ‘decretazo’ del Gobierno Petro
La nueva normativa, firmada por el presidente Gustavo Petro y elaborada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, cartera que lidera Eduardo Montealegre, establece que las tutelas contra cualquier autoridad nacional, incluidas las que se dirijan contra decisiones del presidente, serán conocidas inicialmente por jueces del circuito o de igual jerarquía.
“El presidente de la República, en tanto autoridad nacional, puede ser controlado en sede de tutela con los mismos criterios de distribución aplicables a otras autoridades”, se lee en uno de los apartes del documento.
Según el Ministerio de Justicia, la decisión responde a la necesidad de “fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial” mediante un reparto más amplio y menos centralizado de estos procesos constitucionales. El decreto pretende evitar que una sola instancia, como el Consejo de Estado, concentre el conocimiento inicial de las tutelas, lo que podría generar tensiones con los principios de independencia y objetividad judicial.
“Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República (...) serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría”, dijo Eduardo Montealegre.