El pastor Alfredo Saade, jefe de Despacho Presidencial, ha sido, a su vez, uno de los defensores a ultranza de la administración de su jefe, el presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta en X, lanzó dardos contra el Gobierno, afirmando que estos nunca informan sobre los logros del Ejecutivo, sino que se dedican a cuestionarlo ya poner en duda la legitimidad del presidente.
“Alguna vez los medios de comunicación tradicionales han hecho de los éxitos del gobierno del presidente Gustavo Petro sus titulares? ¡No! No lo hacen porque prefieren mostrar titulares mentirosos para desestabilizar la nación", escribió en la red social.
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La senadora María Fernanda Cabal, aspirante presidencial, le respondió al funcionario y dijo, en otras palabras, que si los medios no destacaban la gestión de Petro es porque, a su juicio, esta ha sido nula.
“¿Éxitos? ¿Cuáles? No se puede hablar de logros cuando en el país lo único que crece es el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Hoy el país está peor en seguridad, economía y confianza institucional. ¡No se puede hablar de lo que no existe!“, respondió, con pantallazo en mano, la senadora del partido Centro Democrático, cuyo discurso ha sudo afilado en contra del Gobierno.
Saade defiende postura de Petro sobre elecciones
A raíz de la insistencia presidencial de Gustavo Petro, se permitirá el acceso al código fuente del software de escrutinio en las próximas elecciones de 2026, una decisión que generó inmediata reacción en altos funcionarios del Gobierno. Alfredo Saade, jefe de Despacho del Gobierno Petro, empleó sus redes sociales para atribuir este avance a la gestión del presidente, subrayando que “la transparencia es el camino de la democracia”. Saade celebró así la determinación de abrir a auditoría el componente más sensible del proceso electoral.
El registrador nacional, Hernán Penagos, reafirmó en la Comisión de Seguimiento Electoral que desde 2022, el sistema de escrutinio está bajo administración directa del Consejo Nacional Electoral y tiene como base un software de carácter estatal. Penagos precisó que el Estado ostenta la propiedad de esta herramienta desde 2021, lo que permite a los partidos políticos designar ingenieros auditores para examinar su estructura interna antes y durante los comicios de 2026. Esta posibilidad responde a solicitudes de diversos sectores que han demandado una supervisión más estricta sobre el sistema encargado de consolidar los resultados.
El acceso al código fuente constituye una de las principales garantías ofrecidas para asegurar la integridad del proceso y evitar suspicacias sobre posibles manipulaciones. Durante la comisión, Penagos recalcó que las auditorías están ya contratadas, no solo para el software electoral sino también para los sistemas de información general empleados en los comicios. El objetivo, remarcó el funcionario, es anticipar cualquier tipo de cuestionamiento y consolidar la legitimidad de los resultados.
El medio también reportó el respaldo ofrecido por el ministro del Interior, Armando Benedetti, que reiteró la necesidad de que el software se mantenga bajo control estatal y que sea objeto de auditorías externas. El titular de la cartera defendió estas garantías como un mecanismo fundamental en la preservación del carácter abierto y verificable de las elecciones.
Simultáneamente, las iniciativas de la Registraduría han tenido lugar en un clima de creciente debate público. El propio presidente Gustavo Petro reavivó la polémica sobre la transparencia del sistema electoral de 2026. El mandatario cuestionó la integridad de la Registraduría Nacional y la elección de proveedores de tecnología mediante una serie de publicaciones en la red social X, donde expresó abiertamente: “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”.
Petro argumentó su preocupación evocando un antecedente que involucra a la empresa responsable del kit electoral. De acuerdo con el jefe de Estado, esta compañía se habría visto implicada en un fraude relacionado con un software fraudulento en otro país, situación que, aseguró, fue confirmada por la justicia colombiana y motivó la exigencia de reemplazar dicho software en el contexto nacional.