Andrés Felipe Uribe Mesa, que durante la administración de Daniel Quintero se desempeñó como vicepresidente de riesgos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), ocupa hoy un cargo clave en el manejo de los seguros del Estado. Actualmente es vicepresidente de negocios de Positiva, la compañía estatal encargada de pólizas y pensiones, a pesar de enfrentar señalamientos por supuestas irregularidades durante su paso por la empresa de servicios públicos.
De acuerdo con información publicada por El Colombiano, Uribe Mesa, abogado y magíster en administración, llegó a EPM en septiembre de 2020 respaldado directamente por el entonces alcalde Quintero. Su experiencia previa estaba ligada a la firma JEU Seguros, donde fue gerente de operaciones y en la que su padre figura como uno de los fundadores. Aunque se ha especulado sobre presuntos aportes a la campaña de Quintero a la Alcaldía de Medellín, el exfuncionario ha negado cualquier relación de ese tipo.
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Durante su permanencia en EPM, Uribe Mesa estuvo a cargo de procesos relacionados con el aseguramiento de proyectos estratégicos, como Hidroituango.
Justamente, varios episodios vinculados a contratos de alimentación y vigilancia en esta obra generaron denuncias penales que hoy reposan en la Fiscalía General de la Nación.
Uno de los casos bajo la lupa es la adjudicación, en abril de 2022, de un contrato por cerca de 39.500 millones de pesos a la firma Ardiko A&S Construcciones, Suministros y Servicios S.A.S., para la operación de restaurantes del campamento de Hidroituango. El Sindicato de Profesionales de EPM (Sinpro) advirtió desde entonces posibles modificaciones de última hora en las condiciones del proceso, especialmente en los requisitos de las pólizas que debía presentar el contratista.
Según la denuncia, la propuesta ganadora no logró cumplir con la póliza exigida dentro del programa institucional de EPM, pero obtuvo autorización para utilizar otra alternativa externa, tras ajustes avalados por Uribe Mesa.
La preocupación se extendió a la calidad del servicio prestado. Trabajadores del proyecto se quejaron de la alimentación suministrada por Ardiko, firma que según registros previos concentraba su experiencia en la atención de restaurantes carcelarios. De hecho, según reportó El Colombiano, una comunicación enviada por Sinpro en mayo de 2022 alertaba que algunos empleados optaron por preparar sus propios alimentos o buscar proveedores alternativos ante las deficiencias.
El caso dio lugar a una denuncia penal en mayo de 2024, que señala posibles delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, además de presuntas faltas disciplinarias y fiscales. Uribe Mesa, por su parte, ha sostenido que todas las decisiones se tomaron dentro del marco legal y que como directivo estaba obligado a dar viabilidad a la mejor oferta, incluso buscando soluciones alternativas para garantizar la póliza.
Otro proceso que involucra su gestión está relacionado con un contrato de vigilancia para la seguridad de las instalaciones de EPM. En marzo de 2023, se abrió una licitación por más de 119.000 millones de pesos, la cual fue adjudicada a Su Oportuno Servicio LTDA, empresa de Barranquilla.
Otras compañías participantes manifestaron su inconformidad por considerar que se favoreció al contratista ganador mediante la validación de una póliza de seguro de vida que, según ellos, no cumplía los mismos requisitos que se exigieron a los demás. La denuncia plantea la presunta intervención directa de EPM para lograr la certificación, además de señalamientos de manipulación del proceso y trato desigual entre los oferentes.
En este contexto, algunos testimonios recogidos por El Colombiano describen un intento de cobro de comisiones ilícitas aprovechando la ausencia de funcionarios encargados del área de seguridad. Pese a estos antecedentes, Uribe Mesa dejó EPM en enero de 2024 y, apenas medio año después, asumió la vicepresidencia de negocios de Positiva, donde, según versiones de contratistas, ya se estarían registrando reclamos por supuestas presiones irregulares y solicitudes de pagos indebidos.
Recientemente, un episodio adicional salpicó a Positiva. En diciembre del año pasado, Julián Camilo Forero, asesor del senador José Vicente Carreño, fue capturado y enviado a prisión domiciliaria tras ser acusado de intentar sobornar al subdirector de la Policía Nacional, general Nicolás Alejandro Zapata. De acuerdo con la denuncia, Forero habría ofrecido 3.500 millones de pesos para direccionar a favor de Positiva un contrato de 120.000 millones de pesos para los seguros de vida de la institución policial. Uribe Mesa se ha desmarcado públicamente de estos hechos, asegurando que no tiene relación alguna con Forero y calificándolo como una persona “sin fundamentos”.