El Gobierno Petro tiene la peor ejecución presupuestal en dos décadas, ni en pandemia fue tan baja

Un informe del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, basado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026‑2036, reveló un dato preocupante, el Gobierno de Gustavo Petro registró la menor ejecución presupuestal de las últimas seis administraciones, en 2024 descendió al 81,9%, cuando el promedio histórico ronda el 90%. En contraste, durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, ese indicador se mantuvo por encima de 88% y 91% respectivamente, incluso superando el umbral promedio de 90,3%.

Bajo Iván Duque, la ejecución también se vio afectada durante la pandemia, pero regresó a niveles aceptables, en 2022 fue de 86,5%, y en 2023, de 85,8%. Para el presente año, el observatorio estima una ligera recuperación, con un 85% de ejecución presupuestal, pero aún lejos del desempeño ideal de la nación.

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Este fenómeno de baja ejecución tiene implicaciones directas: al no gastarse los recursos asignados, la capacidad del Estado para desarrollar proyectos de infraestructura, salud y educación se ve limitada, y aumenta la brecha entre lo aprobado y lo realizado. Para las entidades territoriales, con presupuestos que dependen de esas transferencias, significa un golpe al desarrollo regional y la entrega de servicios.

El análisis también comparó el comportamiento del recaudo tributario. Se observa una estrategia basada en el adelanto de ingresos mediante ajustes transitorios en retenciones en la fuente y autorretenciones. En 2023, esto permitió que los recursos superaran la meta en 1,2% del PIB, pero un año después se registró una caída inesperada de 4,1% respecto a lo proyectado. Esta dinámica contrasta con casos como Chile (‑1,5% y ‑1,3%) o Corea del Sur (‑2,4% y ‑1,2%), donde el desvío entre lo previsto y lo recaudado fue menor.

Este modus operandi de “adelantar ahora, caer luego” puede crear una sensación de amplitud presupuestal en el corto plazo, pero deja al país enfrentando una merma significativa en los ingresos desde años posteriores. Los académicos de la Javeriana advierten que esta práctica dificulta la formulación de políticas públicas sostenibles y encarece el manejo financiero.

La ejecución presupuestal es más que un número, define la capacidad del Gobierno para cumplir promesas electorales, desplegar reformas y responder a necesidades urgentes. Cuando la ejecución cae por debajo del promedio histórico, lo que se deja de gastar refleja ampliaciones inconclusas en sectores esenciales; y aunque la estimación de recuperación para 2025 (85 %) es alentadora, aún está lejos de los niveles esperados.

Por su parte, el recaudo también enfrenta una restricción, las autoridades tienen que recurrir a medidas de corto plazo que elevan artificialmente el ingreso, pero con efectos tardíos adversos. En ese contexto, la carga impositiva puede volverse volátil, los ingresos estatales menos predecibles y la presión fiscal sobre ciudadanos y empresas fluctuante.

El informe elaborado por el observatorio pone sobre la mesa dos desafíos estructurales que afectan la gestión pública del país. Por un lado, evidencia una ejecución presupuestal crónicamente insuficiente, que no solo retrasa la materialización de programas sociales, obras de infraestructura y políticas públicas, también termina por comprometer la credibilidad del Estado ante los ciudadanos y los entes territoriales que dependen de esos recursos.

Para mejorar, el observatorio sugiere fortalecer los mecanismos de planificación y seguimiento del gasto público, así como revisar los procedimientos de recaudación para evitar picos artificiales que comprometan la estabilidad financiera. Solo así se recuperaría la capacidad del Estado para invertir de forma continua, sin depender de artificios temporales.