El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que convocaba a la Consulta Popular impulsada por el Gobierno nacional.
Desde el Capitolio, el senador aseguró que la medida del alto tribunal confirma lo que él y su equipo jurídico venían sosteniendo: el decreto es inconstitucional y no tiene futuro en el escenario jurídico.
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Al ser consultado por los medios de comunicación sobre la suerte de la consulta popular tras el fallo de suspensión, el presidente del Congreso explicó que no hay ninguna normativa que retirar por parte del Ejecutivo en este momento. “¿Cuál decretazo? No existe, lo suspendió como mediante la autoridad del Consejo de Estado y estoy seguro que lo cumple, de manera que en este momento no tiene nada que retirar lo que está suspendido por el Consejo de Estado mediante demandas que encabezamos y que presentamos con el equipo jurídico de la presidencia”, subrayó, haciendo alusión al recurso que presentó junto con el equipo jurídico del Senado.
Cepeda se mostró confiado en que el Consejo de Estado terminará declarando la nulidad definitiva de este decreto, al considerarlo contrario a la Constitución y a la voluntad expresada por el Senado, que había dado un pronunciamiento negativo sobre la consulta. En este contexto, el presidente del Congreso remarcó la importancia del respeto a las decisiones judiciales y a los procedimientos democráticos previstos en la Constitución.
En desarrollo de los procedimientos democráticos y constitucionales, el presidente del Congreso también remitió al presidente Gustavo Petro una comunicación oficial mediante la cual le notificó el resultado de la votación en la que el Senado negó el concepto favorable requerido para la convocatoria de la denominada consulta popular 2.0. La misiva, fechada el 18 de junio de 2025 y firmada por Cepeda, fue dirigida al despacho presidencial para dejar constancia formal de la decisión adoptada por la plenaria el 17 de junio.
El oficio, de tono sobrio y contenido preciso, recordó al mandatario que la solicitud elevada por el Ejecutivo el 19 de mayo, y reforzada mediante un documento anexo el 26 de mayo, no logró obtener el respaldo del Senado.
La votación fue contundente: 52 senadores rechazaron la propuesta, mientras que apenas dos legisladores se manifestaron a favor. Este resultado se dio pese a los esfuerzos del Gobierno por sacar adelante la iniciativa, que incluía un cuestionario de 16 preguntas dirigidas a la ciudadanía y que buscaba habilitar un mecanismo de refrendación directa de varios aspectos de la agenda oficial.
En la carta, Cepeda citó como sustento legal de la comunicación el artículo 104 de la Constitución Política y el literal C del artículo 33 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que regulan los mecanismos de participación y el trámite de las consultas populares de carácter nacional.
Un elemento destacado en este episodio legislativo fue la fallida maniobra de la bancada oficialista, que, en un intento por evitar el hundimiento de la propuesta, optó por abandonar el recinto en el momento de la votación con el propósito de romper el cuórum decisorio. Sin embargo, la plenaria logró sostener el mínimo requerido y se llevó a cabo la votación nominal, que terminó sellando el destino de la consulta.
En ese contexto, la carta de Cepeda al presidente Petro simboliza el cierre formal del proceso. El mensaje, escueto, pero categórico, transmite al Ejecutivo la imposibilidad de continuar con el trámite de la consulta bajo el amparo de la Constitución, dejando en claro que cualquier nueva convocatoria deberá ajustarse nuevamente al procedimiento previsto y contar, en primera instancia, con el visto bueno del Senado.