El 10 de junio de 2025 una fuente del Gobierno confirmó la intención de activar la cláusula de escape contemplada en la Ley de la Regla Fiscal, lo que suspendería temporalmente el límite impuesto al déficit fiscal en el diseño del presupuesto público.
Aunque ni el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ni otros altos funcionarios han ofrecido declaraciones oficiales, se conoció que la posible suspensión se extendería por un periodo de tres años.
La regla fiscal, adoptada como instrumento de responsabilidad macroeconómica, establece restricciones al crecimiento del déficit para asegurar sostenibilidad en las finanzas públicas.
Activar la cláusula de escape implicaría una flexibilización excepcional de esta norma, permitida en contextos extraordinarios. Esta opción legal ya fue utilizada en 2020 durante la pandemia por covid-19.
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El diario económico La República consultó a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, para conocer las implicaciones de la suspensión de la regla fiscal.
Según sus estimaciones, el déficit fiscal podría alcanzar el 7,5% del PIB en 2025, lo que lo convertiría en el segundo más alto en más de un siglo, superado únicamente por el registrado durante la crisis sanitaria global de 2020.
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El observatorio fiscal de la Universidad Javeriana ha advertido que hubo una sobreestimación en los ingresos proyectados, lo que habría llevado a incumplimientos en las metas fiscales.
Ante este panorama, la cláusula de escape sería utilizada para evitar una violación formal de la regla, aunque ello represente una alteración sustancial del marco de disciplina fiscal vigente.
Consecuencias para el financiamiento del Estado
Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos), ha advertido sobre las repercusiones que traería esta decisión.
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En su análisis, publicado por La República, el levantamiento temporal de la regla fiscal incrementaría la necesidad de financiamiento externo e interno, lo que podría traducirse en un aumento de la deuda pública.
A su vez, esto enviaría señales de riesgo a los inversionistas, quienes podrían exigir mayores tasas de interés para compensar la percepción de inestabilidad fiscal.
Uno de los impactos inmediatos sería sobre los bonos soberanos, particularmente los Títulos de Tesorería (TES), que representan una parte importante del financiamiento estatal. En 2025, el Gobierno proyecta utilizar $45 billones a través de este mecanismo, dentro de un total de $104,7 billones en fuentes de financiación. Un entorno de mayor incertidumbre llevaría a encarecer estas emisiones, reduciendo el margen de maniobra del Estado en otras áreas prioritarias como inversión social o infraestructura.
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Riesgos cambiarios y efectos sobre el ahorro
A nivel macroeconómico, la suspensión también podría afectar otras variables clave. Velasco señaló que una percepción elevada de riesgo puede dificultar la reducción de tasas por parte del Banco de la República, debido al temor de desestabilizar el mercado financiero. Además, se pondría en entredicho la capacidad del país para mantener el crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que evalúa rigurosamente las condiciones fiscales antes de renovar sus líneas de respaldo.
Por otro lado, una depreciación sostenida del peso frente al dólar podría materializarse si el mercado considera que la política fiscal pierde credibilidad. En ese escenario, los efectos se trasladarían al costo del crédito para empresas y hogares, así como a los precios de bienes importados.
El deterioro de las condiciones fiscales también podría tener un impacto indirecto sobre los fondos de pensiones, que invierten en TES como instrumento de bajo riesgo. Un alza en los rendimientos exigidos por los inversionistas implicaría pérdidas de valor en los portafolios actuales, afectando la rentabilidad de los recursos de los afiliados.
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En términos de percepción, un incremento en el riesgo país —medido a través del diferencial de tasas frente a bonos de referencia internacionales— reflejaría una pérdida de confianza en la estabilidad económica. Esto implicaría que cada nuevo peso de deuda emitido resultaría más costoso y absorbería una mayor porción del presupuesto nacional.