
La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, explicó la situación judicial que enfrentaría el menor que habría disparado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.
En una rueda de prensa, la alta funcionaria indicó que el joven, de 14 años de edad, en caso de ser hallado responsable de este hecho, podría enfrentar una pena de hasta ocho años, pero que no cumpliría en un centro penitenciario, sino en un centro especializado para menores.
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“La sanción eventualmente a la que estaría sujeto es una sanción hasta de ocho años que no es propiamente de prisión, sino que es una sanción que bajo los alineamientos de la ley 1098 es una sanción que es educativa, reparadora y que tiene por fin restablecer los derechos de ese menor en el entendido de que el legislador ha dispuesto que a él se le proteja antes que se le sancione”, indicó la fiscal en declaraciones a los medios de comunicación.
La fiscal Camargo aclaró que todos los adolescentes aprehendidos son tratados como presuntos infractores, independientemente del delito, y que el proceso judicial se rige por normas distintas a las que aplican para adultos, como el Código Penal (Ley 599 de 2000) o el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), respectivamente.
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No obstante, la funcionaria indicó que los delitos que podrían imputarle al adolescente serán tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Además, se refirió al uso de menores por parte de organizaciones criminales, lo que ha sido señalado por Camargo como una problemática recurrente.
“Los menores no están sometidos a las mismas sanciones a las que están sometidos los mayores, y eso es una realidad. Muchas veces es por esto que son instrumentalizados para ser ejecutores materiales de conductas tan graves como estás”, mencionó.

También, advirtió que la legislación menos severa para adolescentes incentiva a grupos delictivos a instrumentalizarlos como autores materiales de acciones violentas, pero subrayo que aunque los menores no enfrentan las mismas sanciones que los adultos, el proceso judicial exige demostrar su responsabilidad mediante pruebas materiales y evidencia física, respetando siempre el principio de presunción de inocencia.
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“El menor podría tener una sanción de hallarse responsable. Yo creo que es importante referir que primero, al menor, de acuerdo con los principios que rigen esta ley, como cualquier ciudadano, lo rige un principio de presunción de inocencia. Nosotros estamos en la obligación de demostrar mediante elementos materiales de prueba y evidencia física que él en verdad es responsable”, concluyó.
Según la investigación preliminar, el joven disparó a corta distancia contra el senador en medio del evento, como muestran los videos difundidos en redes sociales.
Tras el ataque, intentó huir, pero fue interceptado por el esquema de seguridad del congresista y agentes de la Policía Nacional en el barrio Modelia (occidente de Bogotá), donde se desarrollaba la actividad política. Durante la captura, el menor recibió una herida en la pierna, producto de la respuesta de los escoltas, por lo que fue remitido hasta un centro asistencial cercano.
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Otras medidas contra el menor de edad
Por su parte, la directora del Icbf, Astrid Cáceres, enfatizó la responsabilidad estatal de proteger la vida del adolescente implicado que, según sus palabras, “han instrumentalizado criminales”.
Cáceres también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de información sobre el menor, advirtiendo que hacerlo sin autorización de la familia constituye un delito y pone en riesgo tanto la vida del joven como el desarrollo de la investigación.

Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación, bajo la instrucción del titular de la entidad, Gregorio Eljach, mantiene un seguimiento constante del caso a través de la Procuraduría Delegada para los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujer. Incluso, se activaron las rutas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y puso en marcha los procesos de restablecimiento de derechos, siguiendo los protocolos establecidos para casos que involucran a menores de edad.
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Aunque no se ha revelado la identidad del joven que disparó contra el senador del Centro Democrático, el periodista colombiano Juan Fraile de Caracol Radio reveló que el adolescente había sido identificado en alto riesgo de habitabilidad de calle por parte de las autoridades de Bogotá.
Además, el comunicador señaló que, por su condición de calle, había recibido ayuda por parte del Idipron (Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud) pero que, meses después, no volvió a tener contacto con los funcionarios de la entidad distrital.
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