Con un extenso pronunciamiento, el Centro Democrático pidió con urgencia al Gobierno nacional, el lunes 9 de junio de 2025, garantizar la protección de sus militantes, que estarían siendo objeto de amenazas debido a su postura política. Según indicó Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, director del partido, las medidas de salvaguarda hasta la fecha no han sido atendidas; en denuncias que se hicieron públicas tras el cruento atentado cometido contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Desde 2023, el Centro Democrático, que ha adoptado una posición contraria frente al Ejecutivo, ha reportado un incremento en las amenazas dirigidas a sus militantes. Los incidentes ascienden a tal punto que el partido ha radicado más de 170 solicitudes de protección, como consta en el informe dirigido al ministro de Interior, Armando Benedetti, y al Comité de Garantías Electorales; al punto que recordaron la Ley 1909 de 2018, que conmina al Estado debe proteger a quienes ejercen funciones desde la oposición.
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Un análisis detallado de los años recientes muestra que durante 2023, en plena época electoral, se realizaron 81 solicitudes de protección por parte de militantes del partido que enfrentaban riesgos electorales de consideración. En el 2024, por su parte, se presentaron aproximadamente 80 solicitudes para 56 militantes amenazados, con casos notables como el de la Concejal María del Pilar Coronel David en Valle del Cauca, y otros en zonas como Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca.
Del mismo modo, este documento hizo una recapitulación de gestiones efectuadas en 2025, incluyendo solicitudes de medidas urgentes para los concejales de Cali Juan Felipe Murgueitio y Rafael Andrés Escobar, que según el partido recibieron advertencias de un posible acto terrorista para el 9 de abril de 2025; aunque en el caso de este último, es recordado que tiene un proceso en curso ante la Fiscalía General de la Nación, por presuntamente disparar contra manifestantes del paro nacional de 2021.
Adicionalmente, el concejal de Bogotá Andrés Barrios ha denunciado extorsiones y una reducción no justificable de su esquema de protección.
Centro Democrático expresó su preocupación frente a situación de seguridad de sus militantes
Las denuncias de la representatividad, que se pronunció en sus redes sociales, no se limitan a las demoras en la asignación de esquemas de protección, también resaltan una falta de transparencia en los criterios de priorización practicados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Es reprochable que, al realizar las reevaluaciones de nivel del riesgo, la UNP no tenga en cuenta la postura política de oposición del partido”, expresó el partido del que hace parte el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
A lo largo de estos años, el partido ha iniciado varias acciones legales y derechos de petición para exigir claridad y responsabilidad en las actuaciones de la UNP. En ese sentido, el Centro Democrático recordó la reunión de alto nivel el 3 de julio de 2024, en la que participaron el director del partido y la asesora de la dirección de la Unidad, en la que se comprometieron a revisar los casos más prioritarios y los desmontes de vehículos de protección asignados al partido de oposición.
Con base en estas circunstancias, Vallejo solicitó “la asignación inmediata de esquemas pendientes de evaluación de 2025, dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles”. Además, recomendó establecer una mesa de seguimiento quincenal hasta que se garantice la seguridad de los militantes. La situación demanda medidas efectivas para salvaguardar los derechos fundamentales a la vida y al ejercicio político en un ambiente equitativo y seguro, como parte del debido proceso y la igualdad.
El comunicado del Centro Democrático se conoció el mismo día en que el presidente Gustavo Petro confirmó que el personal a disposición de la seguridad de Miguel Uribe pasó siete a tres personas, en la misma jornada que ocurrió el atentado que lo dejó gravemente herido. Esta información, que el mandatario calificó de “extraña”, añadió un nuevo elemento a la investigación sobre el ataque que mantiene al congresista en una unidad de cuidado intensivo en la Clínica Fundación Santa Fe.