Mientras las miradas del sector comercio y financiero siguen atentas a los movimientos regulatorios, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) avanza con procesos sancionatorios que podrían modificar el panorama competitivo de dos actores clave, Corabastos y Mastercard. La entidad, que también inició un proceso formal contra Rappi por presuntas vulneraciones a derechos de los consumidores, no aceptó las propuestas de estas dos organizaciones para frenar los procesos en curso.
Corabastos, epicentro del comercio mayorista de alimentos en Colombia, atraviesa uno de los momentos regulatorios más delicados de los últimos años. La central intentó presentar un conjunto de garantías ante la SIC, en busca de cerrar anticipadamente la investigación que le adelanta la entidad. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por considerarse insuficiente y poco efectiva para corregir la conducta que motivó la apertura del proceso.
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Según la SIC, el centro del caso contra Corabastos está en un acuerdo interno que, presuntamente, limita el ingreso de nuevos comercializadores, especialmente aquellos con mayor músculo financiero. Esta medida, de comprobarse, constituiría una restricción a la libre competencia, ya que impide que nuevos actores entren al mercado mayorista en condiciones equitativas.
La superintendencia advirtió que este tipo de prácticas crea un entorno cerrado que favorece a los operadores ya establecidos y reduce la posibilidad de que otros ofrezcan mejores precios o servicios. Además, considera que las garantías ofrecidas por Corabastos no representan un cambio real ni aseguran que la conducta no se repita, razón por la cual decidió rechazar la propuesta y seguir adelante con el proceso sancionatorio.
Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que los compromisos ofrecidos no garantizaban que la conducta cesara ni que se produjera un cambio estructural en la forma como opera la entidad. Para la autoridad, tampoco había certeza de que los hechos no se repitieran, lo que refuerza su decisión de continuar con la investigación y no reemplazar una eventual sanción por las garantías ofrecidas.
Más allá de los aspectos jurídicos, lo que está en juego es de alto impacto para el consumidor final. Corabastos es un engranaje fundamental en la cadena de abastecimiento de alimentos en Colombia. Si se comprueba que existe una barrera de entrada para nuevos comercializadores, las consecuencias pueden sentirse directamente en los precios, la variedad y la disponibilidad de productos frescos para millones de hogares.
En paralelo, otra gigante está siendo examinada con rigurosidad. Mastercard también intentó frenar el proceso sancionatorio en su contra presentando garantías, pero corrió la misma suerte que Corabastos, la SIC las rechazó. El caso gira en torno a posibles afectaciones a la competencia en el mercado de pagos electrónicos.
La entidad sostiene que las propuestas de Mastercard no ofrecían claridad ni solidez sobre los cambios que asumiría la compañía para eliminar la conducta investigada. Tampoco garantizaban un impacto real que corrigiera la situación denunciada. Como resultado, la superintendencia continuará con el proceso, que podría derivar en sanciones o medidas regulatorias adicionales.
Ambos casos ponen en evidencia el enfoque que tomó la SIC en los últimos meses, un control más estricto sobre prácticas que, según la entidad, pueden distorsionar el funcionamiento justo y abierto del mercado. La apuesta está en proteger tanto a los consumidores como a los pequeños y medianos actores que dependen de condiciones competitivas para operar.
“Corabastos cumple un papel estratégico en el país, ya que es un eje central en la distribución de productos agropecuarios de primera necesidad”, reiteró la superintendencia. Precisamente por eso, el margen de tolerancia frente a prácticas restrictivas es más estrecho. En el caso de Mastercard, el impacto se mide en términos de inclusión financiera y acceso a medios de pago en un país donde la digitalización aún enfrenta desafíos estructurales.
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