El nerviosismo se apoderó de los mercados colombianos tras conocerse que el Gobierno podría estar considerando una suspensión de la regla fiscal, una medida que, desde 2011, sirve como señal para mantener en orden las finanzas públicas del país. La sola mención de esta posibilidad fue suficiente para encender las alarmas entre inversionistas, analistas y agencias de calificación. El impacto fue inmediato en los portafolios, especialmente entre quienes mantienen posiciones en deuda soberana, y generó incertidumbre sobre el rumbo económico en un momento de desaceleración y baja confianza empresarial.
La tensión escaló rápidamente. El jueves 5 de junio se informó que el comité fiscal debatiría la posibilidad de pausar temporalmente la norma que limita el endeudamiento del Estado. La noticia se esparció como pólvora y tuvo consecuencias inmediatas en los mercados, alimentando temores sobre un posible debilitamiento del marco institucional que ha sostenido la credibilidad macroeconómica del país durante más de una década.
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El viernes 6 de junio, la reacción fue contundente, los bonos soberanos colombianos denominados en dólares llegaron a caer hasta 1,8 centavos por dólar, mientras que el peso retrocedió un 1,2%. Según datos de Bloomberg, ambas cifras se ubicaron entre las peores en el universo de economías emergentes durante la jornada. La caída fue más pronunciada en los activos de corto y mediano plazo, reflejando el nerviosismo inmediato ante posibles cambios normativos.
La inquietud no es menor. Colombia ya arrastra un déficit presupuestario considerable y su economía comenzó a sentir los efectos de la caída en los precios del petróleo, uno de sus principales motores de ingresos. En este contexto, cualquier movimiento que sugiera una menor disciplina fiscal se percibe como una amenaza a la estabilidad económica del país.
“Parece que la administración Petro podría estar desconectando la responsabilidad fiscal”, opinó Aaron Gifford, analista de deuda soberana de mercados emergentes en T. Rowe Price, desde Baltimore al medio antes mencionado. Su diagnóstico resume el sentir generalizado de un mercado que percibe un giro preocupante en la política fiscal del actual Gobierno, en un momento especialmente sensible para las finanzas nacionales.
La próxima semana, el comité fiscal anunciará un nuevo plan presupuestario. En paralelo, crece la expectativa por una revisión a la baja de la calificación crediticia del país, en especial por parte de Moody’s Ratings, que ya advirtió que una suspensión de la norma podría derivar en una rebaja. La percepción de riesgo se intensificó también entre inversionistas institucionales, que observan con inquietud los mensajes contradictorios del Ejecutivo sobre su compromiso con la estabilidad fiscal.
El deterioro de las cuentas públicas ya se viene percibiendo. El Gobierno nacional proyectó en febrero un déficit equivalente al 5,1% del PIB para 2025, pero varios economistas advierten que la brecha real podría superar el 7%, una cifra que no se veía desde los peores meses de la pandemia. A ello se suma un crecimiento por debajo de lo esperado en la recaudación tributaria, una gestión del gasto más expansiva de lo previsto y la renuncia del anterior ministro de Hacienda, que dimitió en marzo ante la falta de alineación con el rumbo fiscal.
Incluso desde el banco central, las señales son claras. El codirector Mauricio Villamizar fue enfático al advertir que la medida dejaría al país sin una “ancla fiscal creíble” y añadió que no parece ser una “necesidad justificada”.
Mientras tanto, el riesgo país sigue en aumento. El diferencial entre los bonos colombianos y los del Tesoro estadounidense subió 10 puntos básicos, alcanzando los 3,53 puntos porcentuales, según cifras de JPMorgan. Una señal más de que los inversores no están dispuestos a pasar por alto señales de desorden fiscal.