Durante la tarde el miércoles 4 de junio, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), a hora y media de Cali, vivieron una tarde de terror por cuenta de varios hechos de violencia que perpetraron los criminales de la banda criminal de La Inmaculada, al parecer, como una retaliación con una serie de medidas que tomaron las autoridades alrededor de su otrora máximo jefe Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, entre ellas su extradición a Estados Unidos.
En varios puntos de esa población del oriente vallecaucano, fueron incinerados cuatro vehículos, por lo que su alcalde, Gustavo Vélez, decretó un toque de queda a partir de las 6 de la tarde para prevenir más acciones criminales.
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Y aunque el mismo ministro de Defensa, el general en uso del buen retiro Pedro Sánchez, aseguró que eran represarías por el envió a Norteamérica de Marín Silva, para que responda por delitos de narcotráfico, los atentados también se habrían dado porque perdieron una millonaria suma de dinero, ya que las autoridades les frustraron un plan de fuga que tenían listo para el criminal.
Fueron 800 millones de pesos los que recolectaron sus secuaces mediante el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores, ganaderos y empresarios, informaron en la emisora Blu Radio.
Con esos recursos iban a pagar sobornos a funcionarios de la cárcel La Picota, en el suroriente de Bogotá, donde se encontraba privado de la libertad el criminal, así como financiarían la logística y traslados para su huida, detallaron en La W Radio.
Pero su confabulación la frustraron las autoridades en la madrugada del mismo miércoles, luego de que lo trasladaran de La Picota a la estación de Policía de la localidad de Los Mártires, en el centro histórico de la capital colombiana, de acuerdo con la consulta que hizo ese medio radial al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
En la revista Semana indicaron que las autoridades ahora investigan si esa conspiración era similar a la que permitió, en marzo de 2022, la fuga de Juan Lárison Castro Estupiñán, alias Matamba que era el extinto jefe criminal de la estructura narcotraficante de Cordillera Sur, que trabajaba en contubernio con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo.
De acuerdo a las investigaciones por su escape, la organización criminal de ‘Matamba’ pagó 2.000 millones de pesos para lograr sacarlo de La Picota, aunque dos meses después resultó muerto en un operativo de la Fuerza Pública, sobre el que también hay indagaciones, ya que lo habrían torturado y luego asesinado en indefensión, lejos de la versión inicial que se entregó de que fue abatido.
Tuluá fue blindado por la Fuerza Pública
El despliegue de grupos especializados de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en Tuluá y los municipios vecinos en el norte del Valle del Cauca se intensificó tras los disturbios que incluyeron la quema de vehículos y la detención de al menos una persona vinculada a los ataques atribuidos a una retaliación ‘La Inmaculada’ por el anuncio de la extradición de de ‘Pipe Tuluá’.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Triana, confirmaron el envío de un importante contingente de militares y policías garantizar la seguridad de los tulueños.
“En coordinación con las fuerzas militares, se tienen unos dispositivos amplios en Tuluá y en los vecinos municipios de este de este lugar del norte del Valle a efectos de garantizar la seguridad: Inteligencia, Investigación Criminal, un Grupo Especial corroborando las informaciones que nos están suministrando los ciudadanos”, anunció Triana.