Tras la posesión del general (r) Pedro Sánchez como ministro de Defensa en marzo de 2025, se han producido múltiples movimientos internos en esa cartera, entre ellos, la salida de al menos una docena de asesores civiles.
Estas decisiones han causado inquietud entre el personal, especialmente por la forma en que se han ejecutado los cambios y por otras medidas tomadas en las semanas siguientes.
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Según testimonios recogidos por la Revista Semana, en el Ministerio se habría generado un ambiente tenso entre el 19 de marzo y el 2 de mayo, periodo en el que se presentaron renuncias protocolarias de funcionarios en cargos de libre nombramiento y remoción.
Personas con una trayectoria de entre 10 y 20 años en la entidad habrían sido retiradas sin mayor explicación. “Estamos trabajando con miedo porque no sabemos en qué momento nos van a echar”, declaró uno de los asesores que permanece vinculado.
Un documento obtenido por ese medio muestra que al menos trece personas fueron enviadas a realizar exámenes médicos de retiro.
Los afectados ocupaban cargos con salarios que oscilaban entre cuatro y doce millones de pesos. “Dónde está la protección de los trabajadores que tanto defendió el Gobierno”, cuestionó una de las exfuncionarias que recientemente dejó su puesto.
Al ser consultado, el Ministerio de Defensa respondió que las renuncias presentadas fueron parte de “una transición administrativa normal dentro de las dinámicas institucionales (...). Todo el proceso se adelantó con respeto, legalidad, reserva y estricto cumplimiento de los canales institucionales establecidos”.
Estas decisiones coincidieron con otros nombramientos y movimientos que han generado controversia. Entre ellos, se encuentra la designación del general (r) Raúl Fernando Vargas Idárraga como director de Seguridad Pública del Ministerio. Vargas fue mencionado por un sargento (r) del Ejército, compareciente ante la JEP, por presuntos hechos ocurridos entre 2002 y 2003 en Boyacá y Nariño. “Yo voy y le pego unos disparos, cayó el tipo herido y el mayor Vargas fue y lo mató”, relató Jaime Coral, quien señaló al hoy general por su presunta participación en un caso de falso positivo.
Pese a estos señalamientos, Vargas apareció recientemente en una reunión en Popayán junto a altos mandos militares. Según fuentes del sector castrense, su presencia se dio como enlace del Ministerio de Defensa. La entidad indicó que este oficial no se encuentra sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Otro caso llamativo es el de Ricardo Rubiano-Groot, general retirado de la Fuerza Aérea, cuya hoja de vida fue publicada por la Presidencia para asumir como director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Este oficial fue citado por la JEP en 2023 por un operativo realizado en 2004 en Ricaurte, Nariño, que habría generado el desplazamiento de unas 80 familias.
Sobre el hecho, la JEP señaló que “mientras se desempeñó como comandante de la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Colombiana, de enero a diciembre de 2004, estuvo involucrado en operaciones adelantadas en los municipios priorizados en las que se habrían presuntamente cometido infracciones al DIH”.
En su defensa, Rubiano-Groot explicó que “en la operación objeto de mi citación, no hubo ni muertos ni heridos de la población civil. Asimismo, no se tipificó desplazamiento forzado, pues, aunque esta operación se realizó para proteger a la población de la amenaza, generó temor en los habitantes de la región. Sin embargo, estos retornaron a sus actividades y a sus lugares habituales a pocas horas de cumplida la operación”.
Además, el ministro Sánchez revocó parcialmente el retiro por llamamiento a calificar servicios del mayor de la Policía José Wilinton Arias, quien había sido llamado a retiro en septiembre de 2024 por decisión del entonces ministro Iván Velásquez. Ocho meses después, mediante la Resolución 2268 del 12 de mayo de 2025, la decisión fue reversada. Arias es pareja de Tatiana Piñeros, quien ocupó cargos en la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro.
Otro nombramiento que causó sorpresa fue el de Juan Carlos Figueroa como secretario privado del ministro. Figueroa ha sido cercano políticamente a figuras como Claudia López, Sergio Fajardo y Jorge Robledo, críticos del actual presidente. En redes sociales, compartió publicaciones contra Gustavo Petro, incluso replicando contenidos donde se le señalaba como “jefe de una red de sicarios informáticos”.
Al ser consultado, Figueroa explicó que aceptó el cargo por su amistad con Pedro Sánchez y agregó: “la política es dinámica”.
La reestructuración en el Ministerio de Defensa, sumada a los perfiles de algunos de los nuevos funcionarios, ha generado reacciones entre el personal y sectores políticos, en medio de un contexto de tensiones administrativas y cuestionamientos públicos.