El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) inició un proceso de evaluación sobre la actual concesión del Canal 1, operado por la empresa Plural Comunicaciones S.A.S., tras anunciar que se analizará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato vigente.
La cartera ministerial confirmó que contrató a un especialista en derecho administrativo para determinar si un reciente movimiento accionario en la compañía concesionaria ha generado cambios sustanciales en los requisitos jurídicos, técnicos o financieros bajo los cuales se adjudicó el canal.
Esta revisión busca establecer si dicho cambio podría tener implicaciones en la validez de la concesión o en la continuidad del actual modelo operativo.
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“Se formalizó la contratación de un experto en derecho administrativo para que diagnostique si el cambio accionario de una de las partes suscrito con Plural Comunicaciones SAS modifica los requisitos técnicos, jurídicos y financieros con los cuales fue otorgada la concesión”, aseguró el Ministerio.
La situación ha ganado visibilidad en medio de cuestionamientos expresados desde el Gobierno nacional, incluido el presidente Gustavo Petro, en relación con la presencia de contenidos del grupo Prisa —conglomerado de medios de origen español— dentro de la programación del canal.
La legislación colombiana establece que las concesiones de canales públicos deben ser otorgadas exclusivamente a empresas nacionales.
Plural Comunicaciones, por su parte, ha reiterado que su estructura de capital es completamente colombiana. La compañía ha señalado que la participación del grupo Prisa en la parrilla de programación obedece a un acuerdo comercial para la emisión de contenidos, sin que esto implique vínculos accionarios entre ambas partes.
Desde la concesionaria también se ha expresado preocupación por lo que consideran una presión indebida por parte del Ejecutivo, argumentando que los señalamientos públicos podrían interpretarse como una afectación a la libertad de prensa.
La empresa ha defendido la legalidad de sus operaciones y la autonomía editorial de sus espacios informativos.
La revisión jurídica en curso no implica de momento la suspensión ni la anulación del contrato, pero abre la posibilidad de que se adopten medidas si se concluye que los requisitos contractuales han sido alterados.
El resultado de este diagnóstico será determinante para definir si se mantienen las condiciones actuales o si se abre un nuevo proceso de análisis sobre el futuro del Canal 1 en el ecosistema mediático nacional.
Las críticas que ha recibido Petro por declaraciones sobre Canal Uno
En marzo del año en curso Petro propuso modificar el proceso de licitación del Canal Uno. afirmó que el objetivo es garantizar que los contenidos del canal sean apropiados por los colombianos y no por intereses extranjeros o grandes capitales.
De acuerdo con las declaraciones del presidente, el proceso licitatorio del Canal Uno estará diseñado para que cooperativas, periodistas y jóvenes de diferentes regiones del país puedan convertirse en los nuevos propietarios del canal. Petro enfatizó que la Constitución del país prohíbe que los canales de televisión del país sean controlados por extranjeros, y aseguró que los nuevos términos de la licitación estarán orientados a fortalecer el cooperativismo en la producción de información y cultura.
El mandatario también instruyó a Angie Lizeth Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a supervisar el proceso. Según sus palabras, el objetivo es que el Canal Uno pase a ser “propiedad de la sociedad colombiana”, y así promover la transmisión de contenidos que fomenten la unidad del pueblo.
La propuesta de Petro no ha estado exenta de controversias. Además, varias figuras políticas y periodistas han expresado su rechazo a la iniciativa, en el que argumenta que podría violar la ley y afectar la libertad de prensa en el país.
Una de las críticas más destacadas provino de la congresista Katherine Miranda, que señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que el gobierno estaría intentando expropiar una concesión que, según la ley 1978 de 2019, tiene vigencia hasta el año 2037. Miranda recordó que por esta concesión se pagaron más de 117.000 millones de pesos. Además, calificó la propuesta como “completamente ilegal”.