El martes 20 de mayo el jefe de Estado, Gustavo Petro, lideró en Barranquilla el tan anunciado cabildo con el busca convocar a una gran movilización popular en el país para que la ciudadanía exprese su descontento contra el hundimiento de su propuesta de una consulta popular con la que esperaba refrendar la reforma laboral que le archivaron en el Senado a mediados de marzo.
Durante su discurso, que fue televisado en una alocución, el mandatario se refirió a la reciente salida de la que fue por ocho meses la ministra de Justicia Ángela María Buitrago y señaló que estaba fraguando boicotear su gestión.
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“Quería sabotearnos porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos. No, aquí hay políticos que hablan con bandidos para asociarse, a las escondidas. Nosotros hablarles de frente porque queremos darles una segunda oportunidad porque Colombia no es una tierra de bandidos, es de gentes que aman la libertad como Simón Bolívar", afirmó el mandatario en el Paseo de Bolívar.
En la revista Semana explicaron que esa referencia la hizo Petro por el señalamiento que hizo la ahora exministra de que le habían solicitado suspender la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias de H.H, jefe del autodenominado grupo Comuneros del Sur, una de disidencia del ELN.
Se debe recordar que la destacada jurista dio un paso al costado, entre otras razones, porque aseguró que tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, la constriñeron para que contratara personas que incumplían con los requisitos para ocupar cargos en la cartera de Justicia.
“Fueron unas llamadas que recibí, en las que se me pidió que firmara la salida de un funcionario de la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), en particular del director.También recibí la petición de cambiar al director de Política de Drogas y enviaron una hoja de vida de una persona que no cumplía con los requisitos para ocupar esa dirección”, afirmó en una entrevista que concedió al periódico El Tiempo.
Los dos funcionarios reaccionaron sobre esas acusaciones y anunciaron que también iniciaría procesos legales contra Buitrago.
“Ya estoy cansado. Acabo de dar poder para demandar a la ex ministra de Justicia por injuria y calumnia [sic]”, publicó Benedetti la semana pasada en su cuenta de X.
Mientras que Rodríguez sostuvo que estaba en consultas jurídicas para definir qué camino legal emprendería, en medio de una entrevista que dio en la emisora Blu Radio.
“Tales señalamientos, además de carecer totalmente de veracidad, han incrementado los riesgos contra mi vida, mi integridad personal y la de mi familia (...) No se trata de críticas legítimas, sino de desinformación, hostigamiento y violencia simbólica”, aseveró.
Por su parte el presidente afirmó que, por el contrario, fue él quien le solicitó su salida del gabinete.
“Yo pedí la renuncia de la ministra, nadie más. El motivo es la falta de sintonía con ejes estructurantes de mi programa de gobierno en el terreno de la paz[sic]”, aseguró en una publicación en X el pasado sábado.
El mandatario señaló que es válido tener desacuerdos con su gestión, pero consideró contradictorio que provengan de quienes forman parte de su administración. Argumentó que discrepar sobre la gestión de una administración era aceptable, pero no es coherente cuando se es parte del mismo.
“Las discrepancia en torno a un programa de gobierno es un derecho ciudadano, pero es incongruente con la permanencia en un gobierno. Le agradezco su colaboración y la aplaudo como una gran profesional del derecho [sic]”, agregó en su publicación.
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