Procuraduría abrió indagación por presunta fuga de información militar que terminó en manos de ‘Iván Mordisco’

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación disciplinaria preliminar para esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con la fuga de información militar clasificada que habría terminado en poder de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco.

Según el documento remitido por la Procuraduría el 21 de mayo de 2025, los hechos se habrían presentado en los departamentos de Cauca y Huila, donde operan unidades del Ejército Nacional.

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La decisión, tomada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 10 para la Fuerza Pública, responde a una publicación de la revista Semana en la que se denunció el hackeo de datos sensibles del Batallón de Infantería No. 7 General José Hilario López.

La investigación reveló que la información comprometida incluye cédulas de militares, órdenes de operaciones, mapas de ubicación de tropas, radiogramas, y otros documentos estratégicos relacionados con operaciones contra estructuras armadas ilegales en el suroccidente del país.

Información reservada comprometida

El medio citado también reveló que “el robo de información reservada y el hackeo a celulares de uniformados” habría sido ejecutado por las disidencias de las Farc que operan en el Cauca. Esa unidad del Ejército tenía como objetivo combatir a la estructura armada Jaime Martínez, un brazo armado del grupo criminal liderado por “Iván Mordisco”.

La información sustraída pertenecería a un grupo militar conocido como “Báltico 1″, bajo el mando del sargento segundo Edwin Berrío, “el mismo que aparece en los chats revelados por Semana en los que se le escucha hablando con presuntos paramilitares de Ortega, en el Cauca”, señaló la Procuraduría en su oficio.

Una de las revelaciones más delicadas del informe periodístico es que entre los documentos filtrados se encuentra un Plan de Contrainteligencia que “emite el comando del puesto de mando de la base militar de Izá, Cauca, perteneciente al batallón de infantería n.° 7, José Hilario López”. El objetivo de ese plan, según el texto citado por la Procuraduría, sería “la defensa y la seguridad de las instalaciones militares”.

En el auto de apertura de indagación, la Procuraduría indicó que procede a evaluar la información revelada por los medios de comunicación, en cumplimiento de su competencia establecida por la ley.

“Se hace necesario verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si efectivamente es constitutiva de falta disciplinaria, si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad y de establecer la identificación e individualización del (os) autor (es) responsables”, señala el documento oficial.

En consecuencia, se ordenó la apertura formal de una indagación disciplinaria en contra de funcionarios por determinar del Ejército Nacional, con base en el artículo 233 de la Ley 1862 de 2017, el cual establece las directrices para los procesos disciplinarios en la Fuerza Pública.

Recolección de pruebas e informes oficiales

Como parte de la actuación disciplinaria, el Ministerio Público decretó una serie de pruebas dirigidas a establecer si hubo negligencia o incumplimiento de protocolos de seguridad por parte del Ejército Nacional. Entre las pruebas ordenadas se encuentra la solicitud al Comando General de las Fuerzas Militares para que remita los informes elaborados tras el presunto hackeo sufrido por el Batallón de Infantería No. 7 o su unidad adscrita “Báltico 1”.

Además, se pidió a la Inspección General del Ejército Nacional que informe si, a raíz de la denuncia, se realizó una visita o auditoría a dicha unidad militar, y en caso afirmativo, que se entregue toda la documentación relacionada con dicha acción.

Asimismo, se solicitó directamente al Batallón José Hilario López o a su unidad superior jerárquica que remita información pertinente que pueda esclarecer la naturaleza de la vulnerabilidad que permitió el acceso no autorizado a documentos militares.

La revista Semana aseguró que el hackeo tuvo una duración aproximada de 15 días y que el contenido de la información obtenida por las disidencias permite conocer en detalle operaciones, estrategias y despliegues tácticos del Ejército en una zona históricamente golpeada por el conflicto armado.

Hasta el momento, la indagación no ha identificado a los funcionarios que podrían estar involucrados o haber incurrido en posibles faltas disciplinarias. Es por ello, que el proceso preliminar se mantendrá contra “funcionarios por determinar” del Ejército Nacional, mientras se avanza en la recolección de pruebas y análisis de responsabilidades.

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